El PP pide explicaciones a Cavada por las denuncias sobre la adjudicación de alquileres sociales de manera «arbitraria»

noticia de www.saltv.es

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El Partido Popular (PP) ha solicitado al gobierno municipal que aclare las denuncias recibidas por la formación sobre «la arbitrariedad» que está empleando ESISA a la hora de adjudicar viviendas sociales tras la toma de posesión del nuevo gerente de la empresa pública.

El concejal del PP, Joaquín Rodríguez Balestra, ya se hizo eco en el pasado pleno de la Corporación, de estas quejas ciudadanas preguntando directamente a la alcaldesa socialista, Patricia Cavada, sobre la veracidad de las mismas. “No nos respondió (Cavada), por lo que estamos en nuestro derecho a pensar que algo no se está haciendo bien por parte de ESISA por orden del propio gobierno municipal”, señaló.

Rodríguez Balestra lamentó que, mientras Cavada se dedica a fotografiarse en promociones de viviendas de ámbito privado, de renta libre, “lleva ocho años desatendiendo el gravísimo problema de vivienda pública que tiene San Fernando”.

Ciertamente, y pese a los constantes anuncios municipales sobre la puesta en marcha de promociones de viviendas, de compraventa de vivienda construida “para dedicarla a fines sociales”, o “las conversaciones con empresas para que, con inversión privada, se pueda construir vivienda pública en San Fernando”, como aseguraba Cavada hace tan solo unos meses, la socialista solo va a contar en su haber tras ocho años al frente de la Alcaldía con 15 viviendas de alquiler de una promoción en la calle Alsedo, de las que solo serán 9 para nuevas familias, ya que las restantes 6 viviendas serán para las personas que residían anteriormente en la citada finca.

Un triste bagaje para quien, como hizo Cavada, prometió en plena campaña electoral la construcción de más de 1000 viviendas. Señalaba la alcaldesa del PSOE hace justo cuatro años que “serían en una primera fase: Diputado Ciscar, con 31 viviendas protegidas en suelo 100% municipal; San Cayetano, con 688 viviendas totales en el área de las que 327 serían viviendas protegidas y de las que 109 estarían en parcela propiedad de ESISA (con posibilidad de dos fases, de 55 y 54); otras dos parcelas con 74 y 144 viviendas en suelo también 100% municipal (en la zona de la Ronda del Estero); campo de fútbol Bazán, con 195 viviendas totales de las que 153 son viviendas protegidas y que sería suelo 100% municipal (zona Montigny/Bazán/Hornos Púnicos)”. Este último desarrollo, añadía entonces Cavada, se podía hacer compatible “con la permanencia de aparcamiento en planta baja”.

En una segunda fase, la socialista señalaba otros suelos como Fábrica de San Carlos, con 862 viviendas totales (el 25% le corresponderían a ESISA) de las que 259 son viviendas protegidas. También en los suelos de Batería Alta (Zona Constitución Fase I/Camposoto), con 324 viviendas totales de las que 173 serían viviendas protegidas. Y en el puerto de Gallineras-Almadraba, donde Cavada “vendía” un total de 65 nuevas viviendas de las que 20 serían viviendas protegidas.

Desde el PP se pide una explicación pública de la alcaldesa socialista a este compromiso que, como el 90 por ciento de los adquirido en las elecciones municipales, han resultado ser mentira. “Ha jugado con la necesidad de miles de isleños de contar con una vivienda digna”, ha lamentado Joaquín Rodríguez Balestra.

“La situación de la vivienda en San Fernando es muy preocupante”, señala el concejal popular criticando a su vez que el Ayuntamiento incumpla de manera constante sus compromisos en este sentido. “Ni Plan Municipal de la Vivienda, ni nada. El gobierno del PSOE sigue dejando tirados a miles de isleños que no cuentan con la posibilidad de adquirir una vivienda en el mercado inmobiliario”.

Finalmente, volvió a pedir a Cavada una respuesta a las denuncias sobre la arbitrariedad en la concesión de viviendas sociales por parte de ESISA desde que cuenta con nuevo gerente, “un reconocido miembro de la ejecutiva del PSOE local”. En 2018, había en la localidad 7.500 isleños inscritos el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, el 8% de la población de La Isla, una cifra que no para de crecer.

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