El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz ha dictado una sentencia que condena al Ayuntamiento de San Fernando por su negativa a indemnizar a un agente de la Policía Local que resultó lesionado durante una intervención en defensa de la ciudadanía y de sus compañeros. La resolución estima íntegramente la demanda del afectado, obligando a la Administración local al pago de la cantidad reclamada, además de los intereses legales y las costas judiciales.
Se trata del primer fallo favorable de una serie de seis reclamaciones judiciales interpuestas por el bufete Prian Abogados, en coordinación con el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN). En su conjunto, la cuantía total reclamada por los agentes afectados asciende a aproximadamente 70.000 euros, una cifra que aumentará tras sumar los costes procesales y los intereses derivados de la demora institucional.
Desde el sindicato SIP-AN han calificado esta resolución como un «serio revés» para la política que el Gobierno municipal ha mantenido durante años. Según denuncia la organización, el Ayuntamiento ha optado de forma sistemática por ignorar las reclamaciones de los policías locales lesionados, recurriendo al silencio administrativo como única respuesta.
«Esta práctica obliga a los trabajadores municipales a iniciar largos y costosos procedimientos judiciales para obtener aquello que legalmente les corresponde», lamentan desde el sindicato. Además, recuerdan que el Tribunal Supremo ya cuenta con jurisprudencia consolidada que avala el derecho de los funcionarios a ser indemnizados por la propia Administración cuando sufren daños en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales.
La sentencia evidencia que la estrategia de no responder a las solicitudes de los agentes no evita las condenas, sino que termina incrementando el coste económico para las arcas públicas y, por extensión, para toda la ciudadanía.
El conflicto pone de relieve otras carencias denunciadas en numerosas ocasiones por SIP-AN, como la falta de una asistencia jurídica efectiva para los funcionarios municipales cuando se ven afectados por actuaciones derivadas de su puesto de trabajo.
Asimismo, el sindicato tacha de «llamativo» e «inaceptable» que el Consistorio mantenga pendientes de pago desde hace años diversas facturas por servicios jurídicos precisamente al bufete Prian Abogados , el mismo despacho que ahora está ganando los pleitos en los tribunales a favor de los policías locales frente a la propia Administración municipal.
Tras esta primera victoria judicial, quedan pendientes de resolución otros cinco procedimientos similares. Desde el sindicato aseguran que continuarán defendiendo los derechos de los policías de San Fernando en todas las instancias necesarias frente a una gestión municipal que «nunca debió obligar a sus propios agentes a demandar para hacer valer sus derechos».
