De momento, ya hay un expediente sancionador por la decisión “arbitraria y caprichosa” de los socialistas “que nos va a costar dinero a todos los isleños”
El PP de San Fernando ha pedido al gobierno municipal que no demore por mas tiempo la retirada del rótulo colocado de manera ilegal en la fachada del Ayuntamiento. Los populares insisten en la petición ya realizada a la alcaldesa socialista, Patricia Cavada, toda vez que se ha tenido conocimiento que hasta el Defensor del Pueblo Andaluz ha tomado cartas en el asunto pidiendo al Consistorio que acate las normas patrimoniales.
A comienzos del pasado mes de enero, el gobierno municipal parecía asumir la irregularidad cometida al colocar el polémico letrero. En declaraciones públicas el ejecutivo de Patricia Cavada anunciaba la retirada del mismo a la vez que solicitaba la nulidad y archivo del expediente incoado por la Consejería de Cultura. No obstante, la realidad contrasta con la nula intencionalidad demostrada hasta el momento por el gobierno local que parece resistirse a cumplir la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.
A todo ello se suma que, según ha podido conocer el PP, la decisión unilateral municipal de colocación del rótulo de aluminio en la fachada del Palacio Consistorial va a tener consecuencias económicas para el Ayuntamiento. “A los isleños, la arbitrariedad y las decisiones caprichosas de Cavada nos están costando mucho dinero. En este caso concreto -señala- no solo vamos a tener que sufragar el coste del rótulo, más su colocación y desmontaje; sino que, además, las arcas públicas, el dinero de todos, tendrá que hacer frente al pago de una multa por la ilegalidad cometida por el gobierno socialista”
Por ello, los populares ya exigieron al Ayuntamiento el inicio de un expediente de responsabilidad patrimonial, como recoge el Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 36, “para que se dirima esa responsabilidad y al final paguen los responsables de sus propios bolsillos y no con fondos públicos”.
Las letras corpóreas conformando la leyenda “Casas Consistoriales” que desde hace más de un año puede apreciarse en la fachada principal del Ayuntamiento, fueron plantadas sin consultar previamente ni contar con la autorización del órgano competente, en este caso la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Al tratarse de un monumento con la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), cualquier modificación o cambio debe ser supervisado y tener la autorización expresa de la instancia superior, en este caso la Consejería de Cultura, tal y como dicta la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, en su artículo 33.2.
Es por esto que desde el PP se reclama al Gobierno municipal que asuma su error y acometa la eliminación del citado rótulo de la fachada municipal “lo antes posible” en previsión del incremento de la sanción “por una demora caprichosa e innecesaria”. A la vez exigen que se depuren responsabilidades para que el coste de ese rótulo -casi 10.000 euros-, así como el gasto por su colocación y retirada no salga del bolsillo de los isleños, sino que lo pague “quién lo autorizó y colocó”. “Saltarse la Ley -concluyó- tiene sus consecuencias, y quien infringe las normas no puede ampararse en su cargo. El dinero público es de todos los ciudadanos que no tienen que soportar el coste de medidas arbitrarias y caprichosas”.
