La AMPA «Los Lápices», que representa a las familias del Instituto de Educación Secundaria (IES) Profesor Antonio Muro de Puerto Real, ha hecho pública en un comunicado de prensa, su profunda preocupación y malestar ante la situación que atraviesa el centro educativo.
El colectivo, denuncia las graves deficiencias en materia de limpieza en las instalaciones y, lo que es más preocupante, una falta de garantías de seguridad vinculada a la persona encargada de dichas tareas, contratada directamente por la Delegación de Educación.
Según señalan las familias, el estado de la planta baja del instituto es «deplorable», evidenciando una falta de higiene que afecta directamente al desarrollo diario de la actividad académica. Sin embargo, más allá de la limpieza, el punto crítico de la denuncia reside en la idoneidad del operario asignado por la Delegación.
El comunicado emitido por la AMPA detalla que se han detectado comportamientos y actitudes por parte del trabajador que resultan incompatibles con un centro donde conviven menores de edad. «Hemos detectado conductas que consideramos incompatibles con el entorno de protección que debe ser un instituto. Se han reportado episodios de actitudes erráticas y una falta de condiciones adecuadas para el desempeño de funciones en contacto con menores de edad», explican los representantes de los padres y madres.
Según la versión del AMPA, las familias insisten en que su demanda no se basa en juicios sobre la vida privada, sino en la necesidad imperativa de garantizar un entorno seguro. «Exigimos que quien trabaje rodeado de niños y adolescentes esté en plenas facultades y no suponga un factor de inquietud para las familias», subrayan.
Como apuntan en el comunicado, la comunidad educativa del IES Profesor Antonio Muro ya ha trasladado estas quejas formalmente tanto a la dirección del centro como a la Delegación Provincial de Educación, sin que hasta el momento se haya producido una solución satisfactoria.
Ante esta falta de respuesta, el colectivo lanza un ultimátum a la administración competente pidiendo la sustitución inmediata de la persona asignada o una supervisión rigurosa del servicio. De no producirse cambios efectivos, las familias advierten que no dudarán en emprender medidas de protesta y movilizaciones, así como elevar las denuncias a instancias superiores.
