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El SIP-AN denuncia al Ayuntamiento de San Fernando por presunto acceso irregular a datos policiales

El objetivo final, señalan, es “garantizar que los ciudadanos de San Fernando tengan la certeza de que su privacidad no está siendo comprometida con fines ajenos a la seguridad pública”.

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El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) ha dado la voz de alarma al denunciar formalmente al Ayuntamiento de San Fernando ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. El motivo ha sido el presunto acceso sin garantías a información altamente sensible de la ciudadanía.

Según la reclamación presentada por el sindicato, la concejala de Seguridad Ciudadana, María José Foncubierta, tendría acceso directo a una aplicación policial restringida. Esta herramienta permite consultar una vasta base de datos que incluye información personal de los vecinos, registro de incidencias policiales, diligencias y atestados ya judicializados; y datos catalogados como «especialmente sensibles».

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Para SIP-AN, que un cargo político tenga acceso a este tipo de información técnica y judicial podría constituir una “vulneración flagrante de la normativa de protección de datos”, ya que estos registros deberían estar limitados estrictamente al ámbito operativo policial y judicial.

Desde el sindicato han sido contundentes en su postura, subrayando que la gestión pública no puede pasar por encima de los derechos fundamentales.»El acceso a datos personales no puede convertirse en una herramienta sin control, y mucho menos cuando se trata de información que afecta directamente a la intimidad de los ciudadanos», afirman en un comunicado el SIP-AN.

El sindicato advierte que, de confirmarse los hechos, se estarían cruzando líneas rojas «inaceptables en un Estado de Derecho», por lo que exigen responsabilidades políticas inmediatas si se demuestra el uso indebido de dicha plataforma.

Según informan, el Consejo de Transparencia ya ha iniciado las actuaciones pertinentes para investigar la veracidad de los hechos y determinar si el Ayuntamiento ha operado fuera de la legalidad vigente.

Por su parte, SIP-AN ha manifestado que se mantendrá vigilante durante todo el proceso y no descarta emprender nuevas acciones legales según avancen las pesquisas. El objetivo final, señalan, es “garantizar que los ciudadanos de San Fernando tengan la certeza de que su privacidad no está siendo comprometida con fines ajenos a la seguridad pública”.