El Personal Técnico de Integración Social (PTIS) de los centros educativos públicos de la provincia de Cádiz se suma mañana, 13 de mayo, a la jornada de huelga convocada a nivel andaluz. La movilización busca denunciar la «situación estructural de inestabilidad» y el progresivo deterioro de la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
La Federación de Enseñanza de CCOO, sindicato que respalda la convocatoria, ha señalado que sólo en Cádiz hay más de 300 trabajadoras afectadas por un modelo que consideran agotado y profundamente injusto.
El núcleo del conflicto reside en la gestión del servicio. Gran parte de estas profesionales trabajan para empresas privadas subcontratadas por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), lo que, según el sindicato, genera una brecha laboral insalvable respecto al personal dependiente directamente de la Junta de Andalucía.
Las principales reclamaciones del colectivo denuncian contratos de jornadas parciales y fijos-discontinuos que impiden la conciliación y la estabilidad económica.
Exigen igualdad de condiciones con el personal laboral de la Junta de Andalucía.
Reclaman la reversión a lo público del servicio externalizado para garantizar la calidad educativa.
Solicitan que se valore su labor fundamental en la inclusión real del alumnado más vulnerable.
Desde CCOO alertan de que la falta de recursos no solo castiga a las trabajadoras, sino que tiene un impacto directo en el sistema educativo. La sobrecarga de trabajo y la falta de refuerzo en las plantillas están provocando, en palabras del sindicato, «menos recursos y más exclusión».
«La situación de las PTIS compromete el derecho a una educación inclusiva y de calidad», afirman desde la central sindical.
Ante la falta de avances, el sindicato ha exigido a la APAE una «vigilancia férrea» sobre las empresas concesionarias para asegurar el cumplimiento íntegro del XVI Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad.
La jornada de huelga de este 13 de mayo se presenta como un «ultimátum» a la Administración andaluza para que inicie una negociación real que dignifique a un colectivo esencial para el funcionamiento de las aulas.
