CSIF ha presentado este lunes un Plan Integral de Mejora de la Atención a la Diversidad ante el incremento de las necesidades específicas de apoyo educativo y el insuficiente crecimiento de los recursos en la educación pública andaluza.
Coincidiendo con el Día Mundial del Docente, el sindicato ha reclamado a la Consejería de Educación que, más allá de los discursos, ponga en marcha medidas concretas y una planificación estable. “La inclusión no puede quedarse en una declaración de intenciones: requiere recursos suficientes, una normativa clara y actualizada, plantillas dimensionadas de manera adecuada y condiciones laborales dignas para sus profesionales”, ha señalado el delegado de CSIF Cádiz, José Sosa, durante la rueda de prensa de presentación del plan integral.
Según datos analizados por CSIF, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) se ha disparado, en la provincia de Cádiz, pasando de 9.649 a 15.649 alumnos en solo diez años (6.000 más, un 62 %); mientras que el alumnado de enseñanzas de régimen general (Infantil, Primaria, Secundaria…) descendió un 10,5 %, pasando de 181.722 a 162.670 alumnos matriculados (casi 20.000 alumnos menos). Es decir, baja el número de alumnado en general, pero aumenta el número de alumnado con necesidades especiales. Y al mismo tiempo, entre los cursos 2016-2017 y 2024-2025 (en nueve años), el profesorado dedicado a la atención a la diversidad – Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación – pasaron de 1.035 a 1.236 efectivos, con un incremento insuficiente de casi el 20 %. Es decir, el crecimiento de las necesidades educativas ha sido muy superior al crecimiento estructural de los profesionales especializados.
El plan integral, para lograr una verdadera atención a la diversidad, plantea, en primer lugar, una nueva regulación andaluza de la atención a la diversidad que ordene y armonice la normativa actualmente dispersa, derogue las disposiciones obsoletas y establezca criterios homogéneos para los centros públicos, y defina claramente las funciones para PT, AL, Orientación, PTIS y el resto de perfiles profesionales.
Además, el sindicato propone establecer una ratio máxima de entre 12 y 15 alumnos por profesional de PT y AL, tomando como referencia al alumnado NEAE que tenga reconocida la necesidad de intervención especializada, y avanzar progresivamente hacia un orientador por cada 250 alumnos.
La situación de Orientación resulta especialmente significativa: que han pasado de 229 a 246 efectivos en nueve años (un 7,5 % de efectivos más) en la provincia de Cádiz. “La orientación debe tener tiempo para prevenir, no solo para apagar incendios”, ha defendido Fran Grosso, también delegado de Educación CSIF Cádiz.
CSIF también reclama eliminar la compartición de los profesionales de PT y AL entre varios centros, y con frecuencia entre distintas localidades, con más de 40 alumnos y alumnas a los que atender semanalmente. “Esta organización reduce el tiempo efectivo de atención al alumnado y dificulta la coordinación con los equipos docentes, el seguimiento continuado, el asesoramiento a las familias y la participación estable del especialista en la vida del centro”, apuntan desde el sindicato.
En cuanto al personal técnico de Integración Social (PTIS), el sindicato reclama un incremento estructural vinculado a las necesidades reales del alumnado, cobertura inmediata de vacantes, bajas y sustituciones y un avance progresivo hacia el empleo público directo.
Por último, CSIF ha exigido que la mejora de la atención a la diversidad se convierta en una política planificada, estable y evaluable, y no en una sucesión de medidas aisladas. Para ello, la Administración debería publicar, además de la evolución anual del alumnado NEAE y de las plantillas de PT, AL y Orientación, información sobre las ratios de atención, la compartición de centros, los recursos de enfermería escolar, los indicadores de convivencia y bienestar y la evolución presupuestaria, diferenciando los recursos estructurales de los temporales.
“El alumnado ha cambiado y las necesidades de nuestros centros también. La respuesta no puede consistir únicamente en reaccionar cada curso. La inclusión no se decreta, sino que se financia. La atención a la diversidad necesita recursos, planificación, estabilidad y profesionales suficientes para convertirse en un derecho efectivo en todos los centros públicos andaluces”, ha concluido el sindicato.
