La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha reclamado al Gobierno central que respete las competencias de Andalucía y del resto de autonomías en materia universitaria en la modificación que plantea del Real Decreto que regula la creación de universidades privadas. Así lo ha puesto de manifiesto tras la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, donde ha pedido a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que negocie con las comunidades el proyecto de decreto. Según ha lamentado el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera, este nuevo decreto roza la inconstitucionalidad en algunos puntos de su articulado porque invade las competencias autonómicas y vulnera los principios de seguridad jurídica y de lealtad institucional.
La Junta ya ha presentado alegaciones al borrador, no por los criterios usados por el Ministerio, que, según ha aclarado, «son menos exigentes que los contemplados por Andalucía en el nuevo marco normativo universitario que se encuentra en tramitación», sino por considerar parte de su articulado «arbitrario, parcial e injusto» y «por exceder las competencias del Gobierno central». En ese sentido, desde la Consejería se ha apuntado que la creación de universidades, tanto públicas como privadas, es «un asunto que corresponde a la esfera autonómica».
La Consejería de Universidad ha desgranado los diferentes puntos en los que el borrador estatal invade competencias autonómicas, indicando que establece requisitos para la creación y reconocimiento de campus que van más de allá de las bases estatales permitidas por la Constitución y exige informes vinculantes de órganos estatales para la creación de universidades online, incluso si son promovidas por comunidades. De igual modo, también se incurre en esa situación al darle a los informes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) la condición de preceptivos y vinculantes, anulando así la capacidad de decisión de las regiones, incluso si éstas cuentan con sus propios organismos de calidad.
Por otro lado, la Junta ha criticado la quiebra de la lealtad institucional que supone «utilizar un procedimiento de tramitación de urgencia sin justificación aparente» y «limitar la participación pública al omitir la consulta y restringir la audiencia a un plazo muy corto».
Asimismo, desde la Consejería de Universidad también se ha advertido de que el Gobierno central incumple el principio de seguridad jurídica al aplicar una retroactividad encubierta mediante la disposición transitoria quinta del decreto, que, tal y como se ha apuntado, «podría anular iniciativas universitarias que ya contaban con informes favorables, pero no habían iniciado el trámite de audiencia». Además, en el articulado se introducen nuevos requisitos como el número mínimo de estudiantes o el porcentaje de captación de fondos aplicables a proyectos ya iniciados, «sin prever un régimen transitorio adecuado o respetar los derechos adquiridos».
Las alegaciones presentadas
La Consejería de Universidad ha presentado dos alegaciones al proyecto de decreto, refiriéndose el primero al concepto de universidad con especiales características. Esa denominación, recogida en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), se asociaba a las universidades estatales con actuación académica en todo el territorio nacional, como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Sin embargo, la modificación del decreto cambia su sentido y lo redefine, incorporando además del alcance territorial la alusión al modelo docente, exigiendo así que las titulaciones oficiales de grado, máster doctorado tengan más del 80% de su actividad en formato virtual o híbrido. A juicio del secretario general, «no existe motivo jurídico ni académico que justifique que el Gobierno se reserve para sí el control de este tipo de universidades online».
En segundo término, la Junta considera «contradictorio» que en el proyecto se exima a las universidades privadas que se rigen por el sistema de precios públicos en sus títulos oficiales de aplicárseles las exigencias que se establecen para las universidades con especiales características. La alegación refleja que «si el motivo que justifica que el Estado se encargue de supervisar a los campus con especiales características responde al hecho de extender su formación académica en más de un territorio y con una modalidad docente determinada, no es posible que renuncie a esta función por el simple hecho de que dicha universidad con especiales características se rija por precios públicos».
Ninguna referencia a las agencias autonómicas en los estatutos de la ANECA
Por otro lado, la Junta se ha mostrado contraria a los nuevos estatutos de la ANECA abordados por el Ministerio en la Conferencia General de Política Universitaria. Según la Consejería «en este documento, no existe ninguna referencia a las agencias autonómicas y a la valiosa actividad que realizan». Además, ha criticado que, «debido a una serie de cuestiones introducidas en el texto, se deja en entredicho la independencia y la profesionalidad del trabajo de la agencia estatal». Por eso, ha pedido al Ministerio de Ciencia que tome como modelo a Andalucía, donde, «por ejemplo, para la selección del profesorado laboral se realiza una convocatoria pública en la que los criterios de elección quedan en manos de expertos y no del gobierno».
