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SPLI denuncia que el Gobierno contrate servicios de seguridad privada para el mercadillo del jueves

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El Sindicato de Policía Local Independiente (SPLI) en San Fernando ha denunciado públicamente, el proceder del equipo de Gobierno compuesto por PSOE y Cs, a la hora de contratar a una empresa de seguridad privada para realizar los servicios propios de la Policía Local, con las competencias reconocidas por la normativa vigente, como es la vigilancia de las actividades desarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos.

Al parecer policías encargados de la vigilancia del «Mercadillo de los jueves», en el recinto público de la Magdalena, observaron como varios vigilantes de una empresa de seguridad privada controlaban el aforo de la clientela, personas consumidoras y usuarias, para evitar el contagio por el coronavirus, sin garantizar la obligación de intervenir como agentes de la autoridad o policía administrativa en la compra de prendas de vestir y otros artículos. Un asunto que no ha sentado bien a la plantilla policial isleña, encargada de estas labores.

El SPLI recuerda que ya existen sentencias en Andalucía, al tener reconocidas la comunidad autónoma las competencias en materia de Policía Local, que fallan contra los ayuntamientos que han llevado a efecto este tipo de contrataciones, entre ellas, las de los municipios sevillanos de Carmona, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Almensilla, donde se tuvieron que suprimir estos servicios de vigilancia, por usurpación de funciones públicas, injusta y contraria a la Ley.

«De nuevo, la coalición municipal PSOE-Ciudadanos de manera caprichosa al no querer convocar reunión, para la negociación colectiva con los sindicatos, haciendo caso omiso a la legislación básica, en contra de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, y de la Ordenanza Reguladora del comercio ambulante en el término municipal de San Fernando», asegurn desde SPLI. Para el sindicato el Gobierno municipal hace «una política improvisada que no es la más adecuada para la ciudadanía de la Isla».