El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley que regula el anticipo de pago presupuestario a favor de las entidades locales andaluzas especialmente afectadas por catástrofes públicas, emergencias de protección civil o fenómenos naturales adversos. El objetivo es acelerar la llegada de los fondos a los municipios damnificados y reforzar la capacidad de respuesta de la Junta de Andalucía ante situaciones de urgencia. Hasta ahora, este procedimiento sólo podía aplicarse de forma excepcional y temporal, como ocurrió tras las dana de octubre y noviembre del pasado año.
La norma modifica el Decreto 277/2023, que regula las ayudas a entidades locales, para mejorar la seguridad jurídica, la coordinación administrativa y la agilidad en la tramitación. Entre las novedades, se incorpora la exigencia de un informe técnico provisional previo a la declaración de situación excepcional, con criterios homogéneos de valoración de daños. También se ajustan los plazos de elaboración de los informes de gestión para asegurar una información consolidada y coherente. Asimismo, se desconcentra la gestión de las ayudas en las delegaciones territoriales, lo que permitirá una tramitación más rápida y una mayor cercanía con los municipios afectados.
El Gobierno andaluz justifica la extraordinaria y urgente necesidad de esta norma en la evolución reciente de los fenómenos meteorológicos, cada vez más intensos e imprevisibles, y en la necesidad de contar con instrumentos normativos eficaces antes del inicio del periodo de lluvias del otoño.
El decreto ley incluye además una modificación puntual de la Ley 9/2007, que posibilita la creación de dos viceconsejerías y secretarías generales técnicas cuando se decida atribuir a una sola consejería las competencias en materias diferenciadas o de especial complejidad, con el fin de mejorar la capacidad de gestión ante emergencias.
