El sector de Justicia de CSIF Cádiz ha exigido formalmente la dimisión inmediata de la delegada territorial de la Administración de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana María Bertón, por su incapacidad de gestión, “que ha llegado al límite de la imprudencia después de que haya ordenado a los funcionarios (y a los usuarios) a regresar a los juzgados del Palacio de Marzales (de lo Penal, del 1 al 5) en Algeciras sin garantizar la seguridad de las personas, ya que se desconoce el alcance de los daños estructurales que presenta este edificio tras las últimas lluvias torrenciales, cuando fue desalojado, y años sin el mantenimiento adecuado”.
CSIF ha puesto en conocimiento de la Fiscalía este último episodio por si la forma de actuar de la Delegación pudiese conllevar algún tipo de responsabilidad penal. Y en paralelo, CSIF ha denunciado la situación ante Inspección de Trabajo, ya que se han cometido un gran número de irregularidades en la forma de proceder: la decisión se ha tomado sin un informe previo del Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, sin consulta ni participación de los funcionarios afectados ni de sus representantes sindicales y convocando una reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral con incumplimiento de la normativa de plazos. Todo ello, existiendo un informe de tres especialistas Ingenieros de la Edificación y Arquitectos Técnicos del Estudio Labrum, contratado por la propia Consejería de Justicia, en el que se confirma la existencia de patologías graves, corrosión de armaduras con pérdida de sección de acero, desprendimientos en cornisas, desperfectos en toda la cubierta y riesgo en la capacidad portante de los forjados (techos y suelos). Además de lo estructural, la plantilla está desempeñando actualmente su jornada laboral en un entorno lleno de humedades, malos olores, hongos tóxicos y con la mayor parte del edificio intransitable. Dicho estudio advierte que es necesario “estudiar si los daños existentes afectan a la capacidad estructural” porque hasta que no se lleve a cabo ese estudio no se puede confirmar si el edificio estructuralmente es seguro. Sin embargo, la Delegación ha obviado este informe y lo único que ha hecho es colocar una marquesina y un vallado por todo el edificio para evitar accidentes por desprendimiento de cornisas y tejas.
El caso del Palacio de Marzales es la gota que ha colmado el vaso, pero la gestión de la delegada territorial, desde que asumió el cargo en 2022, está ocasionando graves perjuicios tanto al personal de esta Administración como a la propia ciudadanía. Además, la reciente e improvisada implantación del nuevo sistema de Tribunales de Instancia (con sedes judiciales sin salida de emergencias, en mal estado por la falta de mantenimiento, y dispersas entre sí) ha supuesto un caos organizativo a nivel humano y procesal, sin contar con los espacios mínimos imprescindibles según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Hay que recordar que el personal se encuentra hacinado en varias sedes judiciales (como ocurre en Jerez, Cádiz y Algeciras), ya que en despachos que antes ocupaba una sola persona ahora hay tres y hasta cuatro funcionarios.
El sector de Justicia de CSIF Cádiz rechaza la actual deriva en la que se encuentra la Delegación territorial de Justicia de Cádiz, en la que “se ha normalizado la dejadez y se ha implantado el abandono institucional, la falta sistemática de mantenimiento de las sedes judiciales mediando falsas promesas de construcción de edificios que nunca llegan y la falta de un mobiliario necesario que nunca se adquiere”. Y “esto es algo que no ocurre en otras provincias andaluzas; solo en Cádiz”, lamentan desde el sindicato. Además, la Delegación territorial no responde correos ni escritos ni atiende llamadas para resolver urgencias. Es decir, “transparencia cero y menosprecio absoluto a sus trabajadores y sus representantes”.
Por todo ello, la Central Sindical se ha visto obligada a solicitar formalmente la dimisión inmediata de la Delegada territorial, así como el cese de la Secretaría General Provincial, designada por ella, por su manifiesta falta de capacidad para la gestión y resolución de toda problemática que debe afrontar por motivo de sus cargos.
