El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la puesta en marcha de la segunda fase de la Ciudad de la Justicia de Sevilla con la entrada en funcionamiento del edificio B del complejo de Palmas Altas, destinado a la jurisdicción de Primera Instancia. La instalación del mobiliario, el traslado de la documentación y la habilitación de las once salas de vista ya ha comenzado, mientras que la mudanza de los 25 juzgados comenzará el 27 de octubre de 2025 y se realizará de manera progresiva para que esté terminada el 13 de noviembre.
Para adecuar este edificio a su uso judicial, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha invertido casi dos millones de euros en obras para mejorar la climatización, la insonorización, las comunicaciones, así como la dotación de despachos y salas de vista. Además, el reparto de espacios se ha realizado conforme al modelo de tribunales de instancia, secciones y servicios comunes que prevé la Ley de Eficiencia del Servicio de Justicia que entrará en vigor en Sevilla y en el resto de las capitales andaluzas el 31 de diciembre de 2025.
Las obras están finalizadas desde el verano, fecha en la que estaba inicialmente previsto el traslado, aprovechando que agosto es un mes inhábil para los juzgados, pero se retrasó a petición de los operadores jurídicos para que todo el personal estuviera incorporado para la mudanza tras las vacaciones estivales. Así, la mudanza progresiva al edificio, en el que trabajarán unos 380 profesionales, ha sido consensuada.
El edificio albergará 25 juzgados de Primera Instancia, 51 despachos, once salas de vista, dos salas multiusos, servicio de reprografía, archivos, zonas comunes de oficina, y todos los servicios complementarios necesarios. Las salas de vista y zonas para el público se concentrarán en la planta baja mientras en el resto estarán los despachos y zonas de trabajo de los profesionales.
El traslado de los Juzgados de Primera Instancia permitirá dejar libre el edificio Viapol en el que se encuentran actualmente antes del 15 de noviembre, fecha en la que finaliza el contrato de arrendamiento, y supondrá un ahorro anual de 1,7 millones de euros. Sólo se mantendrán en dicha ubicación el Registro Civil y el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, cuyas instalaciones son propiedad de la Junta de Andalucía.
Con la puesta en marcha del edificio B ya son dos los que funcionan en la Ciudad de la Justicia de Sevilla y la Junta de Andalucía ya ha licitado el proyecto de adecuación del resto de inmuebles del complejo. Cuando esté completa, Sevilla contará con la Ciudad de la Justicia más moderna y la segunda más grande de España tras la de Barcelona, con más de 130.000 metros cuadrados para unificar todos los órganos actualmente dispersos en varios edificios tanto en propiedad como alquilados.
