El bolsillo de los ciudadanos volverá a sufrir un duro revés en plena operación salida. La Asociación Española de Consumidores (ASESCON) ha lamentado profundamente la decisión del Gobierno de España de eliminar la reducción del IVA de las gasolinas, una medida que decaerá el próximo miércoles y que devolverá este impuesto al 21%.
La retirada de esta rebaja fiscal se enmarca dentro del nuevo paquete de medidas aprobado hoy por el Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Para amortiguar el impacto, el Gobierno ha diseñado un sistema de ayuda directa en el surtidor que comenzará siendo de 15 céntimos por litro, pero que se irá reduciendo de forma progresiva a lo largo de los meses estivales, coincidiendo con los desplazamientos masivos por vacaciones.
El nuevo mecanismo de bonificación plantea un escenario de desescalada que penalizará el repostaje de los conductores a medida que avance el verano con ayuda directa de 15 céntimos por litro en julio. En agosto, la bonificación baja a los 10 céntimos por litro y en septiembre el descuento mínimo será de 5 céntimos por litro, antes de su desaparición.
Desde la asociación de consumidores advierten de que este formato perjudicará gravemente a las familias. Aunque reconocen que el precio de los carburantes ha dado un respiro en los últimos meses, insisten en que «sigue siendo alto» y que convive con una crisis de coste de vida generalizada. Factores como el repunte de la factura eléctrica mantienen el IPC por encima del 3%, lo que frena cualquier atisbo de recuperación en los hogares.
La organización de consumidores ha sido especialmente dura con el papel de la Hacienda Pública en este contexto de alta inflación. Aseguran que, al mantenerse los precios elevados en origen, el Estado está logrando una recaudación histórica a costa del esfuerzo ciudadano.
«Cada vez es más complicado para los ciudadanos españoles poder llegar a fin de mes, habida cuenta de los precios elevados que están sufriendo en la vivienda o la cesta de la compra», señalan desde la asociación.
Ante esta situación, el colectivo considera «estrictamente necesaria» una rebaja estructural de la carga impositiva mientras la inflación no se estabilice. Por ello, han anunciado que trasladarán formalmente una petición al Gobierno de España para exigir una implicación fiscal real que alivie la presión económica de los consumidores y evite un empobrecimiento aún mayor de la ciudadanía.
