El portavoz del Grupo Municipal de Andalucía Por Sí en Puerto Real, Alfredo Fernández, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa, junto a otros miembros del grupo, para denunciar lo que consideran una «absoluta falta de transparencia» y un posible «favor político» por parte del equipo de gobierno. Los concejales andalucistas han puesto de nuevo en el foco la contratación de una asesora externa para la Empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI), vinculada directamente a Izquierda Unida.
Hay que recordar que la voz de alarma saltó tras las quejas de varios empleados municipales que trasladaron al grupo andalucista la existencia de una persona ajena a la estructura orgánica del Ayuntamiento que acude a las dependencias municipales de, al menos, Hacienda y Personal, para dar «indicaciones e instrucciones» tanto a técnicos como a responsables políticos.
Según explicaba el portavoz, “tras solicitar información por escrito, el equipo de gobierno confirmó que se trata de una asesora contratada por EPSUVI para realizar funciones de análisis de deuda, estrategias de negociación y acompañamiento financiero. Una contratación que nos hizo confirmar nuestras sospechas al conocer de quién se trataba”.
La formación andalucista ha querido destacar tres puntos críticos en esta contratación. La primera es el vínculo político, ya que la adjudicataria es una ex concejala de Izquierda Unida en Conil de la Frontera, cuya contratación ya ha generado polémica en otros municipios de la provincia como Medina Sidonia. Otro punto crítico es la carencia de formación para el cargo para el cual se le ha contratado. Según especifica el edil andalucista “una vez revisada la documentación del expediente, no consta que esta persona posea formación jurídica ni sea letrada, a pesar de que el contrato se justifica para asistencia en materias técnicas, jurídicas y económicas”. Y el último punto que roza lo absurdo es la duplicidad de gastos en la empresa pública. “Una empresa en situación económica muy delicada con dificultades para pagar a proveedores y trabajadores, ya cuenta con un servicio de asesoría jurídica externa desde hace décadas. No entendemos por qué se pagan más de 10.000 euros adicionales por trabajos que ya debería realizar el asesor jurídico actual», afirmaron los concejales.
Según Alfredo Fernández, «es cuanto menos sorprendente que este equipo de gobierno, que siempre se mostró beligerante contra la figura de los asesores, busque ahora huecos para contratos con dinero público».
Por su parte, el consejero de EPSUVI por parte de AxSí y concejal de la formación, Jesús Plaza, ha solicitado una ampliación de la información tras revisar los tres presupuestos presentados para el contrato. Según el edil, “uno de los presupuestos solicitados pertenece a una empresa de eventos de Conil, lo que refuerza las sospechas sobre la arbitrariedad del proceso”.
Plaza ha recordado que desde Andalucía Por Sí «hemos pedido que se nos explique qué criterios motivaron la elección de esta persona y por qué no se realizó una convocatoria pública». Además, el grupo ha alertado sobre la gravedad de que esta asesora esté manejando información de terceros y expedientes municipales sin tener una relación contractual directa con el Ayuntamiento, sino con la empresa pública.
Por todo ello, los andalucistas han instado al equipo de gobierno a que «sea valiente» y aclare públicamente si esta contratación responde a una necesidad técnica real o a un compromiso partidista. El grupo municipal concluyó reiterando su labor de fiscalización del dinero público y exigiendo que se demuestre la solvencia técnica y profesional de la adjudicataria para desempeñar las funciones encomendadas.
