El alcalde de la ciudad de Cádiz, Bruno García, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, han expresado su preocupación por la situación generada tras el vencimiento del protocolo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania y han reclamado que se intensifiquen los esfuerzos para alcanzar cuanto antes una solución que garantice la continuidad de la actividad de la flota.
Ambas instituciones subrayan que la pesca vinculada al caladero mauritano tiene una importancia económica y social fundamental para Cádiz, tanto por la actividad que genera directamente en el puerto y su lonja como por su repercusión sobre numerosas empresas y trabajadores de la ciudad y también para el abastecimiento de todo el país, ya que toda la merluza negra que se consume en España procede de este caladero y se subasta en Cádiz.
En este sentido, la presidenta de la APBC destaca que “solo en la última década, entre 2017 y 2026, los buques procedentes de Mauritania han comercializado en la lonja de Cádiz cerca de 44.000 toneladas de pescado, por un valor superior a los 105,7 millones de euros. Solo en 2025, esta actividad alcanzó un valor de 13,2 millones de euros, la cifra más elevada de la serie histórica analizada”.
Estos datos ponen de manifiesto el peso de una actividad que trasciende la propia comercialización del pescado y que genera un importante efecto tractor sobre la economía local, con repercusiones directas sobre la logística, el transporte, la distribución, la transformación, los servicios portuarios y las empresas auxiliares.
El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha mostrado su total apoyo al sector de la pesca que se ha concentrado este lunes a las puertas del Ayuntamiento asegurando que la situación que se está viviendo “es un tema de ciudad ya que afecta a trabajadores, a familias, a empresas, al propio mercado y a los consumidores”.
El alcalde ha expresado que “para este Ayuntamiento es un tema prioritario y por eso hacemos un llamamiento al Gobierno de España y al ministro de Agricultura y Pesca, con el que estamos intentando ponernos en contacto para transmitirle la necesidad de que esto se solucione de manera inmediata”.
Ha añadido que “hoy estamos aquí, a las puertas del Ayuntamiento de Cádiz para visibilizar el problema que están viviendo, para apoyarles y para pedir al Gobierno una solución, que se puede buscar y que se necesita ya porque son muchas familias gaditanas las que dependen del sector de la pesca”.
El Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria advierten de que la falta de acuerdo no supone únicamente un problema para los armadores y las tripulaciones, sino una amenaza para todo un tejido productivo estrechamente vinculado a la actividad portuaria y pesquera de Cádiz y también para el abastecimiento de un producto que podría considerarse de primera necesidad, al ser saludable y económico.
Por ello, ambas instituciones consideran imprescindible que se agoten todas las vías de negociación para alcanzar un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Mauritania o, en su defecto, que se articule una solución transitoria que evite la interrupción prolongada de la actividad.
En este sentido, recuerdan que se trata fundamentalmente de una cuestión de entendimiento económico entre las partes y, por tanto, de una situación que puede resolverse si existe voluntad de acuerdo. Insisten, además, en que la cooperación pesquera con Mauritania genera beneficios económicos y sociales para ambas partes, por lo que confían en que prevalezca el diálogo y se alcance una solución satisfactoria.
Finalmente, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria reiteran su respaldo al sector pesquero y su compromiso de trabajar de forma coordinada en defensa de una actividad estratégica para el presente y el futuro económico de Cádiz, que genera riqueza, sostiene empleo y contribuye a mantener la vinculación histórica de la ciudad con el mar.







