El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Cádiz ha denunciado públicamente que la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano de viajeros de la ciudad incumple de forma reiterada una sentencia firme. El fallo judicial, dictado por el Juzgado de lo Social nº2 de Cádiz y ratificado posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), reconoce el derecho de la plantilla a conocer su planificación laboral con antelación.
En ese sentido, la justicia ha establecido que los conductores y conductoras-perceptores tienen derecho a conocer con dos semanas de antelación los servicios asignados. Esta información debe incluir obligatoriamente el horario concreto de inicio y finalización de cada jornada laboral, un extremo que la empresa Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca ha ignorado pese a la orden de ejecución emitida por el juzgado.
El coordinador provincial de Carretera de CCOO de Cádiz, Francisco Rodríguez, ha manifestado que la dirección de la empresa mantiene una actitud de desobediencia constante ante el mandato judicial que obliga a informar de forma quincenal a la plantilla. Rodríguez ha subrayado que esta opacidad en los turnos vulnera el derecho fundamental a la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores, sumiendo a los afectados en una total incertidumbre.
Igualmente, la representación sindical ha trasladado su profunda preocupación por la actitud de la gerencia, a la que acusan de poner trabas de manera continuada y de incumplir los términos recogidos en el convenio colectivo vigente. Para el sindicato, resulta injustificable que se mantenga este escenario de conflictividad, especialmente cuando la empresa se encuentra actualmente en pleno proceso de licitación del servicio urbano de viajeros de Cádiz.
Desde CCOO de Cádiz han advertido sobre las graves consecuencias que puede acarrear esta situación de persistir el desacato a la autoridad judicial. El sindicato ha instado a la concesionaria a cesar en su actitud obstructiva y a garantizar de forma inmediata los derechos laborales de toda la plantilla, ajustando su gestión a la legalidad vigente y a los pronunciamientos de los tribunales.
Esta situación se enmarca en un contexto de especial vigilancia sobre las adjudicaciones de servicios públicos en la provincia, donde el respeto a las condiciones laborales debe ser un pilar básico. El sindicato ha reafirmado que no permitirá que se sigan vulnerando los acuerdos alcanzados y ha asegurado que seguirá utilizando todas las vías legales necesarias para que se ejecute la sentencia en todos sus términos y se respete la dignidad de la clase trabajadora.
