El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha abierto un expediente sancionador a un portal inmobiliario de ámbito nacional a raíz de una denuncia de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), por posibles prácticas comerciales desleales contra los consumidores y usuarios. Las sanciones previstas para este tipo de infracciones graves podrían alcanzar hasta los 100.000 euros o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Este movimiento marca un hito, ya que se trata de la primera vez que Consumo abre un expediente de esta naturaleza por una infracción de la que es directamente responsable la propia plataforma digital, y no los propietarios de los inmuebles por el contenido de sus anuncios.
Vigilancia estricta sobre la publicidad de los pisos en alquiler
De forma paralela a esta investigación, el Ministerio enviará una circular a las grandes plataformas inmobiliarias para advertirles sobre las nuevas obligaciones introducidas en materia de publicidad de alquileres tras la aprobación del nuevo real decreto-ley de vivienda en el Consejo de Ministros.
La normativa estipula que cualquier anuncio, oferta o promoción de arrendamiento de vivienda deberá incluir obligatoriamente los siguientes datos: el índice de referencia del precio del alquiler de vivienda, la renta del último contrato de arrendamiento de vivienda habitual vigente en los últimos cinco años (en caso de existir), el límite de renta aplicable en zonas sujetas a limitación legal, como las zonas tensionadas y la condición de gran tenedor del arrendador.
Esta medida será de aplicación en todo el país, con independencia de que el inmueble se encuentre o no en una zona declarada tensionada. Con ello, el Gobierno busca dotar a los inquilinos de mayor transparencia para que puedan comparar el precio ofertado con el índice de referencia y comprobar si se han aplicado subidas abusivas respecto a los contratos anteriores.
Esta actuación se suma a otras recientes impulsadas por el Ministerio en su ofensiva para regular el sector y proteger los derechos de los inquilinos. En mayo, Consumo ya abrió un expediente a otra gran inmobiliaria por potenciales abusos como la imposición de seguros de impago a los inquilinos o penalizaciones desproporcionadas por retrasos en la entrega de viviendas.
En abril, el departamento ratificó una multa de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro tras agotarse la vía administrativa, tras demostrarse que había cometido múltiples infracciones graves y muy graves aprovechándose de su posición de predominio en el mercado.
Con estas actuaciones, Consumo busca incrementar la presión sobre los operadores del sector digital e inmobiliario para asegurar el cumplimiento estricto de la nueva normativa de vivienda.
