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CSIF gana nuevas sentencias judiciales y el Ayuntamiento de San Fernando sigue sin cumplirlas

Desde finales de verano, ya hay seis fallos judiciales, todos en firme, que obligan a abonar el salario íntegro a policías locales que fueron utilizados para ahorrar el pago de servicios extraordinarios
FOTOGRAFÍA: Archivo Sal Televisión

Una nueva sentencia judicial ha dado la razón a la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de San Fernando, obligando al Consistorio a abonar el salario íntegro a los policías locales que estuvieron en prácticas en 2023. El juzgado reconoce de esta manera que el Ayuntamiento los utilizó para sustituir a otros funcionarios de carrera, ahorrándose de esta manera el pago de servicios extraordinarios.

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Esta sentencia se suma a otras cinco que se produjeron a finales de verano del año pasado, todas en firme. En todas ellas, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo establecen la obligación del Ayuntamiento de pagar la diferencia entre las retribuciones percibidas y lo que, en justicia, debieron percibir los policías locales, atendiendo a que realizaron labores idénticas a las de cualquier otro agente.

Sin embargo, hasta la fecha de hoy, el Ayuntamiento no ha cumplido ninguna de estas sentencias ni ha abonado un sólo céntimo a ninguno de los funcionarios, obligando nuevamente a la sección sindical a emprender acciones judiciales para que se ejecuten todas las sentencias, procedimientos cuyas costas con toda probabilidad recaerán sobre las arcas municipales y, en consecuencia, sobre todos los ciudadanos de San Fernando.

No es el primer caso ni será el último. Para CSIF, “parece ser que esta política de inacción y posterior repercusión de costes sobre los ciudadanos se ha instalado en el Ayuntamiento; ciudadanos que en muchos casos desconocen que son los que terminan soportando la obstinación municipal de judicializar toda reclamación y de desatender incluso los requerimientos judiciales”.

Desde CSIF recuerdan otro ejemplo, “igual de sangrante, en la negativa del concejal de Recursos Humanos, Jesús López Ramírez, a abonar los pagos por la asistencia jurídica a los policías que son denunciados y finalmente absueltos por hechos derivados de sus funciones”. Tanto la regulación legal, como los acuerdos a nivel local, establecen esta obligación, pero desde la delegación de Recursos Humanos se viene aplazando “con distintas y peregrinas excusas, carentes de sentido”. “Tanto es así –continúa la sección sindical de CSIF- que se da la esperpéntica situación de que en un mismo procedimiento judicial en la que resultaron implicados varios policías, el Ayuntamiento abonó los costes a uno de ellos hace ya varios años, mientras que el resto lleva años esperando sin ninguna justificación”.

Desde CSIF se exige al Ayuntamiento y especialmente al concejal de Recursos Humanos que cesen en su insistencia de judicializar toda reclamación y que explique y detalle a los ciudadanos los costes que esta política les está suponiendo y les va a suponer.

“Igualmente y ya que hasta ahora no ha querido explicarlo, al menos a esta sección sindical, le pedimos al citado concejal a través de este medio que aclare el motivo por el cual se abonan los costes a unos funcionarios y a otros no, tratándose incluso del mismo procedimiento”, finalizan desde la sección sindical.