La Policía Nacional ha detenido a nueve personas en una operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. A todos ellos se les atribuyen delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y delitos contra la ordenación del territorio.
La operación, denominada Lavandero, se inició en mayo de 2024 por orden del Juzgado de Instrucción número Cuatro de Jerez de la Frontera, en coordinación con las Fiscalías Especiales Antidroga de Cádiz y Jerez.
El principal investigado, uno de los narcotraficantes más activos de la provincia, cuenta con múltiples antecedentes por tráfico de drogas, “vuelcos” con armas de guerra y ajustes de cuentas, tanto en Cádiz como en zonas exclusivas de Marbella. Su red delictiva no solo introducía hachís, sino que también ofrecía soporte logístico a otras organizaciones criminales, operando desde las costas de Cádiz hasta Almería mediante el negocio del «petaqueo».
El alto nivel de vida del líder con coches de lujo, motos de competición y viajes a destinos exclusivos alertó a los investigadores. Tras un año de pesquisas, afloraron inversiones superiores al millón y medio de euros, a pesar de que el investigado apenas cotizó durante su vida laboral. Se detectó la adquisición de más de una decena de inmuebles para alquiler, así como la creación de dos empresas del sector de la hostelería y ocio nocturno, utilizadas para introducir dinero ilícito en el circuito económico legal.
A pesar de su patrimonio, residía en un asentamiento ilegal de la Sierra de San Cristóbal, en El Puerto de Santa María, en una vivienda de lujo construida en suelo municipal, desde donde dirigía sus operaciones criminales.
El pasado 23 de junio se desplegó un amplio dispositivo policial en las localidades de Jerez, El Puerto de Santa María y Chiclana de la Frontera. La operación fue coordinada por la UDEF Pto de Sta María y contó con la participación de unidades especializadas como GOES, GOIT, UPR y Guías Caninos, con el apoyo aéreo de drones y un helicóptero del Servicio de Medios Aéreos. Durante los registros, el cabecilla logró huir tras decretarse días antes una orden judicial de busca y captura con ingreso en prisión.
No obstante, los investigadores ejecutaron una batería de medidas cautelares con el bloqueo preventivo de cuentas bancarias, participaciones sociales, bienes inmuebles, vehículos de alta gama y embarcaciones del investigado.
Las nueve personas detenidas están acusadas de actuar como testaferros en operaciones patrimoniales y en maniobras de “pitufeo” bancario, destinadas a eludir controles administrativos, incluyendo el ingreso de dinero en una cuenta judicial que permitió al líder eludir la prisión preventiva en otro procedimiento.
Además del blanqueo de capitales, se imputan al líder dos delitos urbanísticos por construir dos chalés en suelo rústico, uno de ellos ubicado en una zona protegida de titularidad municipal apodada “Villa Narco”, conocida por albergar propiedades ilegales de miembros del crimen organizado.
Han quedado en libertad con cargos tras declarar ante la Policía, mientras que el principal investigado sigue en paradero desconocido, con múltiples requisitorias policiales y judiciales activas.
