El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, se ha reunido hoy con los operadores jurídicos de la provincia de Cádiz para analizar el funcionamiento de los tribunales de instancia en los diez partidos judiciales donde la reforma estatal entró en vigor el 1 de julio y coordinar la implantación de la nueva estructura en la capital, Algeciras, Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María, prevista para el 31 de diciembre. Para ello, esta misma semana la Consejería ha aprobado las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en estos cuatro partidos judiciales, que incluyen la creación de tres nuevas plazas genéricas, la transformación de cuatro en puestos especializados en violencia de género y 40 puestos de jefatura. Se suman así a las 16 nuevas plazas y 16 puestos de jefatura creados en la primera fase, con lo que la inversión en personal supera el millón de euros.
Nieto ha agradecido a los jueces, fiscales, Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), representantes de los trabajadores y colegios profesionales su colaboración para poder llevar a cabo esta “profunda transformación” del sistema judicial que supone la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. “La valoración de los profesionales es positiva pero nos trasladan también la dificultad que ha supuesto esa ley impulsada por el Gobierno de España y aprobada por el Congreso de los Diputados sin negociación ni acuerdo con las comunidades autónomas ni un euro de aportación económica”.
“Se nos ha impuesto y nos está obligando a un esfuerzo presupuestario, nos echan la carga de trabajo con coste al presupuesto de los andaluces sin ninguna aportación del Gobierno, es un yo invito y tú pagas”, ha denunciado.
En los 10 partidos judiciales de la provincia en los que la ley entró en vigor el 1 de julio (Arcos de la Frontera, Barbate, Chiclana, La Línea de la Concepción, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque, Sanlúcar de Barrameda y Ubrique) se ha pasado de 33 juzgados unipersonales a 10 tribunales de instancia, con secciones y servicios comunes en los que trabajan 315 funcionarios.
La Consejería ha incrementado la plantilla en éstos en 16 plazas (10 nuevas y otras 6 estabilizadas) y ha creado 16 puestos de jefatura para coordinar estructuras de personal que ya no trabajan para un juzgado concreto, sino que son más flexibles. Esto ha supuesto una inversión solo en personal de 743.311,95 euros, un coste que ya se mantendrá cada año y que la Junta asume en solitario ya que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia del Gobierno de España carece de memoria económica.
Andalucía ha cumplido con los plazos previstos en la norma y la reforma estatal ya está implantada en 73 de los 85 partidos judiciales andaluces incluidos en las dos primeras fases de aplicación de la norma. La tercera y última fase tiene que estar lista el 31 de diciembre, cuando la ley entrará en vigor en los 12 restantes. “Cádiz es la provincia con más afectación en la tercera fase porque son cuatro los partidos judiciales que tienen que transformarse, en el resto afecta solo a uno, la capital, y en Granada a dos”, ha detallado.
En esta tercera fase, la Consejería creará dos nuevas plazas en El Puerto de Santa María y una en el Registro Civil de Algeciras (12 en toda Andalucía) y 40 puestos de jefatura (228 en toda Andalucía) repartidos entre 15 en la capital, 10 en Algeciras, 10 en Jerez y 5 en El Puerto.
Además, la ley también contempla que las secciones de los tribunales de instancia especializadas en violencia sobre la mujer amplíen sus competencias y asuman todos los delitos sexuales. Ello supondrá una sobrecarga de trabajo, por lo que la Consejería transformará cuatro plazas genéricas entre la capital (una), Algeciras (dos) y Jerez (una) en puestos de tramitadores especializados en violencia sobre la mujer, con un complemento específico (en toda Andalucía se transformarán 24 plazas). Todo ello supondrá un coste solo en personal en la provincia de Cádiz de 266.011,06 euros.
En toda Andalucía, la reforma estatal supone una inversión para la Junta de 6 millones de euros, más de un millón en la provincia de Cádiz donde, además, son muchas las sedes que hay que adecuar al nuevo modelo de secciones y servicios comunes “con el hándicap del abandono histórico que ha tenido Cádiz”. En este sentido, ha recordado que el Plan de Infraestructuras Judiciales de la Consejería incluye importantes proyectos para la provincia ya en marcha como la propia Ciudad de la Justicia de la capital, la de Jerez o las nuevas sedes de Algeciras, El Puerto y La Línea de la Concepción.
