El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan ha emitido un comunicado oficial con el objetivo de aclarar su postura y las medidas adoptadas ante el conflicto laboral y la huelga que mantienen los trabajadores de la empresa FCC, concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basuras en la localidad.
Desde el Equipo de Gobierno local han querido responder formalmente a las acusaciones vertidas por la «Portavoz» del colectivo de trabajadores, reiterando su «apoyo rotundo» al legítimo derecho a la huelga para la consecución de mejoras laborales, pero recordando la obligatoriedad legal de cumplir con los servicios mínimos decretados y el respeto hacia los empleados que deciden no secundar el paro.
El Consistorio ha subrayado que, desde el inicio del conflicto, ha actuado con «discreción y respeto», ejerciendo labores de mediación continua y promoviendo reuniones individuales, así como una mesa conjunta de trabajo entre la empresa y la plantilla.
Sin embargo, ante la persistencia del desacuerdo, la Junta de Gobierno Local formalizó la apertura de un expediente por incumplimiento de contrato a la empresa FCC. Dicho procedimiento administrativo podría acarrear sanciones económicas que van desde un mínimo de 25.000 euros hasta la penalización con el 10% del presupuesto total del contrato de adjudicación.
Asimismo, la administración local informó sobre la constitución de una mesa electoral para dar inicio a unas elecciones sindicales, una medida impulsada bajo la mediación del Consistorio que confían sea «el principio de la solución» a la crisis laboral.
Por otra parte, ante las peticiones de remunicipalización del servicio, el Ayuntamiento ha descartado una intervención inminente argumentando que, al tratarse de una contrata privada, rescatar el servicio de forma unilateral supondría tener que abonar cuantiosas indemnizaciones económicas a FCC, abocando al Consistorio a la «quiebra» financiera.
Uno de los puntos más críticos señalados en el comunicado radica en las condiciones de salubridad del municipio. Tras una inspección de urgencia solicitada por el propio Ayuntamiento, la Inspección Sanitaria dictaminó que la acumulación de basura en las calles está suponiendo un «riesgo real para la salud humana».
El Gobierno municipal justifica que, velando por el interés general y la salud de los cabeceños y cabeceñas, se autorizó la salida escoltada de dos camiones en convoy para paliar la insalubridad. El Ayuntamiento acusa de esta situación a la «rotunda negativa de los trabajadores a prestar los servicios mínimos obligatorios establecidos por la Junta de Andalucía».
En respuesta a esto, FCC ha ejecutado dos medidas que el Consistorio califica de «totalmente legales»: la tramitación de sanciones disciplinarias a los trabajadores que no acuden a cubrir los servicios mínimos y la contratación residual de un transportista externo para la recogida indispensable. Desde el Ayuntamiento desmienten categóricamente que se esté despidiendo a trabajadores por ejercer su derecho a la huelga, aclarando que el expediente abierto a la portavoz responde a una presunta infracción cometida semanas antes del inicio de las protestas.
El comunicado no elude el trasfondo político del conflicto. El Equipo de Gobierno ha acusado a la portavocía de los trabajadores de «politizar, acusar y confrontar directamente» contra el Ejecutivo local, vinculando la difusión de los comunicados de la plantilla con una visita realizada la tarde anterior por el exalcalde de la localidad, a quien señalan como «el principal culpable de la actual situación por haber privatizado el servicio» y firmado el convenio regulador vigente.
Finalmente, el Ayuntamiento ha hecho una defensa firme de los cuerpos y fuerzas de seguridad, exigiendo que se cese cualquier señalamiento público hacia ellos, dado que su única labor es garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. La nota concluye con un llamamiento a la concordia y a mantener abiertas las vías de negociación entre la empresa y sus empleados para alcanzar un acuerdo lo antes posible.
