El CEIP San Ignacio vuelve a ser noticia este lunes, a raíz de las declaraciones de la delegada de Educación del Ayuntamiento de San Fernando, Pepa Pacheco, en las que ha afirmado que “llevan esperando desde octubre que la Junta de Andalucía contente a su ofrecimiento formal de cesión de suelo”. Un asunto que la propia delegada ha dado a conocer en rueda de prensa, y a la que este medio no ha asistido por no haber sido convocado, una vez más.
Sal Televisión en base a la nota y el vídeo editado que han enviado por e-mail desde el gabinete de prensa, recogemos la versión de la administración local que nada tiene que ver con la autonómica, que desmiente rotundamente las declaraciones de la concejal socialista, Pepa Pacheco.
Este asunto que no es nuevo, continúa dando dolores de cabeza a los padres, madres y comunidad educativa, que no entienden cómo se siguen echando la pelota de una a otra administración. En esta ocasión, el Ayuntamiento isleño, en boca de su delegada de Educación ha comunicado que el procedimiento administrativo y legal que certifica la declaración de ruina del edificio de Educación Primaria se ha culminado, trámite que a finales de la semana pasada se puso en conocimiento de todas las partes.
Un estudio dicho de paso, que el consistorio isleño ha tardado en entregar a la Junta de Andalucía, seis meses. A pesar de la poca prisa dada para la entrega de este documento, ahora el Ayuntamiento saca pecho para solicitar una contestación formal e inmediata a la administración autonómica.
Según la versión de Pacheco, el Ayuntamiento, se compromete a realizar los trámites administrativos necesarios para “incluso costear la demolición del edificio” declarado en ruinas. Pide que se inicien los trámites para licitar el proyecto de obra por parte de la Administración regional. “Haremos todo lo que esté en nuestra mano, y así estamos dispuestos a firmarlo, si la Junta a su vez se compromete a destinar financiación a este proyecto”, ha manifestado la concejala isleña. De igual forma el documento contempla la ampliación de las instalaciones educativas con la incorporación de una parcela colindante.
Reunión con Defensor del Pueblo
El pasado 23 de enero la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz había citado a todas las partes a una reunión que «finalmente no se celebró tras una desafortunada conversación entre la Junta de Andalucía y el personal técnico de la institución», asegura Pepa Pacheco. En esa conversación la Junta trasladó que tanto las relaciones como el problema estaban encauzados y por buen camino, cuando la realidad es que la Junta está “alargando comprometer la construcción definitiva del nuevo centro, que es la única solución posible”, sigue afirmando la delegada de Educación. El Ayuntamiento ha vuelto a solicitar que se desarrolle esa reunión.
“Tenemos la sensación de que aquí no se está diciendo toda la verdad a las familias. La Junta trasladó a las familias que para poder asumir el compromiso de construcción de un nuevo centro se necesitaba un expediente de ruina. Curiosamente, cuando se le trasladó ese expediente, lo ha recurrido, y ahora está poniendo excusas para no asumir la construcción del nuevo centro”, ha añadido al respecto. Hay que recordar que fue un informe de la Junta de Andalucía el que puso de relieve la ruina técnica del edificio, que posteriormente fue ratificado por un segundo informe contratado a un arquitecto externo por parte del Ayuntamiento.
Estado de ruina
El pasado mes de agosto se trasladó a las familias y la dirección del centro el dictamen técnico que confirmaba que la rehabilitación del edificio que alberga las aulas de Educación Primaria no es posible. Este determina como causa principal de su estado actual la mala calidad de los materiales empleados en su construcción, que se remonta a los años 70, y señala sobre todo a la porosidad excesiva del hormigón y, por lo tanto, la irreversible situación estructural del centro educativo. El dictamen corroboraba el informe sobre la patología de la construcción emitido en su momento por la propia Agencia Pública de Andalucía de Educación (APAE) de la Junta de Andalucía.
Los grandes municipios tienen en propiedad un gran número de edificios antiguos sobre los que ya no es posible actuar y el del San Ignacio es precisamente ejemplo de una deficitaria construcción deteriorada tras cinco décadas de uso. La Concejalía de Educación ha alertado que no es asumible que en la ciudad el 80% de los centros educativos tenga más de 30 ó 40 años. La apuesta por la educación pública debe traducirse en una inversión total por la renovación de todos estos centros obsoletos en infraestructuras y equipamientos.
