El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz ha admitido a trámite la denuncia presentada por el Grupo Municipal Socialista de Sanlúcar en relación con el cobro de la tasa de basura y las condiciones en las que se está prestando este servicio. Como consecuencia de este trámite judicial, la sala ha requerido al Ayuntamiento el envío del expediente administrativo completo, habiéndose fijado como fecha límite para dicho trámite el pasado 21 de septiembre.
Desde el PSOE valoran esta decisión judicial como un paso determinante para esclarecer la legalidad y gestión de un tributo que impacta de lleno en la economía local, tras sufrir una subida aproximada del 50%. Cuestiones clave sobre su recaudación y la eficacia de la prestación del servicio deberán concretarse ahora en sede judicial.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Víctor Mora, ha mostrado su especial preocupación por el modelo de gestión adoptado por el Gobierno municipal liderado por Carmen Álvarez. Según los socialistas, resulta contradictorio elevar la carga fiscal a la ciudadanía para, posteriormente, privatizar la prestación del servicio por un importe superior a los tres millones de euros.
“Estamos hablando de más de tres millones de euros que podrían haberse destinado a reforzar el servicio municipal, mejorar los medios, aumentar los recursos y conseguir que el Ayuntamiento prestara directamente un servicio tan importante para Sanlúcar”, ha manifestado Mora.
Asimismo, la formación socialista ha anunciado que solicitará formalmente el listado de contratos ejecutados por la empresa concesionaria actual para verificar el destino del dinero público y evaluar la gestión interna del servicio.
Bajo el lema de que “los vecinos tienen derecho a saber dónde va su dinero”, el portavoz socialista ha exigido al equipo de Gobierno “máxima transparencia” y la entrega inmediata de toda la documentación vinculada al expediente.
Mora ha instado al Ayuntamiento a asumir sus responsabilidades sin dilaciones ni esperar a que la resolución judicial obligue a actuar. En este sentido, ha defendido que, si se confirma la existencia de cobros indebidos a los contribuyentes, el Consistorio debe estudiar la situación de oficio y proceder a la devolución del dinero a los afectados sin requerir reclamaciones individuales por parte de la ciudadanía.
