El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz ha presentado una propuesta para su debate en pleno este jueves en la que insta al Gobierno de España a que proceda a la declaración como profesión de riesgo el trabajo que realizan los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
En la propuesta se pedirá a su vez promover las reformas necesarias para que la Audiencia Nacional se haga cargo de los casos de crimen organizado en el Estrecho para que éstos no recaigan en juzgados de instrucción, que sufren los estragos de tener la delincuencia tan cerca, y endurecer la penas en el Código Penal, tipificando nuevos delitos y endureciendo las penas a las personas que almacenan y suministran combustible a los traficantes.
Asimismo, instará a la recuperación de OCON-SUR, la unidad creada para coordinar e intensificar la lucha contra el tráfico de drogas y sus organizaciones en Andalucía, especialmente en la zona del Campo de Gibraltar, desmantelada por el Ministerio del Interior en 2022.
Otro de los puntos de la propuesta se centra en la solicitud de la declaración del Estrecho y el Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad.
El PP asegura que el servicio que prestan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “es fundamental en nuestra democracia para garantizar la convivencia en libertad y la seguridad de las personas. Algo que debería ser evidente no parece admitirlo el Gobierno Central y es que, tras aprobar el Senado hace dos años el reconocimiento de profesión de riesgo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, la tramitación de la propuesta presentada por el Partido Popular en el Congreso acumula ya 71 retrasos, la última el pasado día 13 de este mismo mes de mayo, siendo rechazada por PSOE y Sumar”.
Frente a esta negativa continua, señalan los populares, “el Ministerio del Interior cifra en 244 los ataques registrados en operaciones relacionadas con el narcotráfico, falleciendo por ello en los últimos años ya seis agentes, los últimos los dos agentes de la Guardia Civil, persiguiendo una narcolancha en Huelva”.
Esta situación “se suma a la vivida desgraciadamente en Barbate en un contexto del que somos testigos continuamente, de escalada en la violencia, fuerte aumento del negocio logístico del combustible («petaqueo») y expansión de rutas hacia otras provincias”, afirman.
Así, “se hace necesario actuar, no solo reconociendo la profesión de riesgo para los agentes sino poniendo en marcha medidas concretas de apoyo a la Guardia Civil que lucha contra el crimen organizado, específicamente en el Estrecho de Gibraltar. Se trata de aportar medios suficientes que, pese a las promesas, nunca llegaron, además de mayor protección jurídica”.
Desde el Grupo Popular “defendemos la necesidad de que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuenten con los medios materiales y técnicos necesarios y adecuados para realizar su importante trabajo”.
