La portavoz del PP de San Fernando, María José de Alba, ha anunciado la presentación de una moción para su debate en el próximo pleno municipal una moción solicitando el agravamiento de las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble. “Desde el PP consideramos indispensable recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre tres y cinco años”, ha explicado la portavoz popular, señalando que el Gobierno de Pedro Sánchez “no puede seguir cruzado de brazos frente a la okupación”.
Asimismo, se insta a incluir nuevas medidas procesales para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, “siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento”.También en la moción se solicita modificar la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal para que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
Entre las medidas solicitadas al gobierno en esta moción se insta a incluir un apartado en el articulado de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal definido en la Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y bienes en las comunidades de propietarios, y que esta inscripción se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni les atribuya ningún derecho. A tales efectos, los Ayuntamientos darán de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento de ello.
En la moción que los populares elevan a pleno vienen a exponer una realidad, la de la ocupación de viviendas, cada vez más extendida, algo que supone también una alteración en la convivencia ciudadana en la mayor parte de los casos. Recogen así que, “además de las medidas legales ya existentes para combatir esta forma de delincuencia y salvaguardar la propiedad o la posesión legítima y pacífica, el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos y, además, ha de tener en cuenta un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido debida consideración: la convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas”.
