El PP denuncia que el Ayuntamiento está grabando en el parque infantil de El Barrero sin que lo sepan los usuarios

El gobierno de Patricia Cavada está incumpliendo toda la normativa sobre Protección de Datos y la Ley que regula la utilización de videocámaras

noticia de www.saltv.es

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Imprimir

El PP de San Fernando ha exigido al equipo de gobierno que cumpla con la Ley en materia de Protección de Datos. Los populares han denunciado que las cámaras de vigilancia colocadas por el Ayuntamiento en el Parque del Barrero incumplen la normativa que, para este tipo de dispositivos, recoge tanto el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) como la Ley Orgánica 4/1997 y la Ley 5/2014, de 4 de abril.

“Los ciudadanos poseen unos derechos que están siendo conculcados por el Ayuntamiento ya que se incumple, al menos, una de las exigencias legales para la colocación y utilización de dispositivos de videovigilancia en espacios públicos, como en este caso es la zona infantil de juegos del Parque del Barrero”. De esta forma, el presidente del PP, José Loaiza, se lamenta que “pese a que la propia Patricia Cavada ha reconocido que las citadas cámaras están funcionando, bajo gestión de la Policía Local, se incumple conscientemente por parte de este gobierno con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos”.

Concretamente, la ley obliga, en relación con la protección de datos, a cumplir con el derecho a la información, mediante un distintivo informativo.

Este distintivo no existe en El Barrero, pese a que se ordena su exhibición “en lugar visible, y como mínimo, en los accesos a las zonas vigiladas”. Además, “en caso que el espacio videovigilado disponga de varios accesos deberá disponerse de dicho distintivo de zona videovigilada en cada uno de ellos”.

La identificación deberá informar acerca de la existencia de cámaras, la identidad del responsable del tratamiento de las imágenes o del sistema de videovigilancia, y la dirección del mismo; la posibilidad de ejercitar los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del RGPD, y dónde obtener más información sobre los datos personales. “Asimismo, también se pondrá a disposición de los interesados el resto de la información que debe facilitarse a los afectados en cumplimiento del derecho de información regulado en el RGPD”.

Loaiza lamenta “la falta de respeto que tiene Patricia Cavada a los derechos de los ciudadanos, y la lamentable imagen que ofrece un gobierno que incumple sistemáticamente la ley, máxime cuando estamos hablando de un lugar extremadamente sensible al tratarse de un parque de juegos para menores. Además, ¿a dónde van esas imágenes y qué usos se hacen de las mismas?”.

Además, los populares van a solicitar toda la información relativa a la autorización gubernativa que debe haber recabado el Ayuntamiento para la instalación de las citadas cámaras en El Barrero. “La instalación de este tipo de dispositivos para la grabación de imágenes están sujetas a requisitos muy estrictos ya que, en primer lugar, la autorización de instalación de videocámaras se otorga por la Delegación del Gobierno en Andalucía previo informe preceptivo y vinculante de la Comisión de Garantías de la Vigilancia de Andalucía”.

Patricia Cavada reconoce y sabe de la existencia de estas cámaras tal y como recoge la respuesta que, al respecto, ofreció la socialista a preguntas del PP. “Se le informa que, sí está funcionando (las cámaras), se gestiona desde la Policía”. El Ayuntamiento adjudicó el 4 de enero el suministro e instalación de cinco cámaras de vigilancia en El Barrero, “para mejorar y garantizar los niveles de seguridad en el parque (El Barrero) es preciso proceder a la instalación de medios técnicos de persuasión, y por tanto reducir los actos vandálicos que se registran de forma periódica en esta zona verde”, como se justifica en la contratación por 5.304 euros de este servicio a la empresa Gibtel Energy. Las cámaras entraron en funcionamiento un mes después de su adjudicación, en febrero, tal y como apunta el contrato de adjudicación.

Por tanto, “no podemos permitir que quien debe dar ejemplo haga lo que le da la gana sin tener en cuenta los derechos ciudadanos. Ya está bien. Exigimos a Patricia Cavada que cumpla la legislación y empiece así a cumplir con los isleños”, subrayó Loaiza.

© Sal Televisión es una marca registrada.