El Partido Popular (PP) de San Fernando ha vuelto a poner en duda que la promoción de 132 viviendas protegidas de Residencial La Marina, impulsada por la empresa municipal HEMSA en Ronda del Estero, cumpla con el objetivo social prioritario recogido en sus estatutos: atender a los sectores de población con menos recursos. Según el comunicado difundido el 19 de noviembre de 2026, los requisitos fijados para esta promoción —la mayor en venta de la sociedad pública— confirman una advertencia que la formación ya realizó en enero de 2025, cuando el gobierno local del PSOE, encabezado por Patricia Cavada, comenzó a presentar el proyecto como respuesta pública a las dificultades de acceso a la vivienda en el municipio.
Los estatutos de HEMSA, participada íntegramente por el Ayuntamiento, establecen como finalidad promover viviendas para atender primordialmente a los grupos económicamente más desfavorecidos, un planteamiento que la entidad mantiene en su web al definirse como un instrumento social orientado a facilitar una vivienda digna a quienes más lo necesitan. A juicio del PP, el diseño actual de Residencial La Marina se aparta de ese propósito inicial.
El argumento principal de los populares se apoya en las condiciones económicas exigidas a los solicitantes. Se admite a hogares con ingresos de hasta 5,5 veces el IPREM, lo que equivale a unos 46.200 euros anuales (alrededor de 3.300 euros mensuales en catorce pagas). Esta cantidad supera los 42.488 euros de renta bruta media de los hogares de San Fernando registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2024.
De acuerdo con un informe de la Gerencia de HEMSA fechado el 17 de noviembre, los adjudicatarios deberán acreditar capacidad económica suficiente para afrontar el pago y obtener financiación hipotecaria, mediante la subrogación al préstamo que la empresa municipal negocia con Caja Rural del Sur, o bien abonar el importe al contado.
En cuanto a los criterios bancarios, aunque la adjudicación se canalice a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, la decisión final sobre la viabilidad del préstamo recaerá en la entidad financiera según sus propios criterios, lo que el PP considera equivalente a la barrera de entrada del mercado libre.
Desde la formación popular señalan que la propia regidora reconoció en su momento que el proyecto está pensado para familias trabajadoras con estabilidad económica y capacidad hipotecaria. Sin negar las dificultades que pueda atravesar ese perfil, el PP sostiene que no es el de quienes acuden a la administración ante el cierre de puertas del mercado y la banca, como jóvenes con empleo temporal, familias de rentas bajas o personas desempleadas.
El PP sostiene que el gobierno municipal contaba con margen legal para orientar la promoción hacia rentas más bajas, dado que corresponde al Ayuntamiento la calificación de las viviendas protegidas y la normativa andaluza permite acogerse al régimen especial —con un límite aproximado de 25.200 euros anuales por hogar— o establecer condiciones específicas al tratarse de suelo municipal.
Como ejemplo de un enfoque distinto, el partido cita el caso del Ayuntamiento de Málaga, que este año ha adjudicado 84 viviendas en el distrito Universidad dividiendo los tramos de acceso en hasta 1,2 veces el IPREM para la mitad de las unidades y hasta 2,5 veces para la otra mitad. Frente a ello, reprocha al ejecutivo de Cavada haber optado por el régimen general sin reservar cupos para las rentas más bajas según la información divulgada, y reclama que en futuras promociones de HEMSA se contemplen reservas específicas para quienes no pueden acceder a una hipoteca.









