El Partido Popular (PP) de San Fernando ha tenido conocimiento de las denuncias presentadas por organizaciones sindicales de la Policía Local en relación con la aplicación de un nuevo sistema interno de adscripción a unidades policiales, que, según denuncian los propios sindicatos, supondrían importantes mermar en los derechos fundamentales de los trabajadores
Estas denuncias, siempre según las organizaciones sindicales firmantes -el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) y el Sindicato de la Policía Local Independiente (SPLI)-, han sido trasladadas a la Inspección de Trabajo, el Comité de Seguridad y Salud, la Consejería de Interior y el Defensor del Pueblo Andaluz. En ellas se alertaría de presuntas vulneraciones de los derechos fundamentales, posibles riesgos para la salud laboral y eventuales irregularidades en el modelo de gestión aplicado.
Ante la gravedad de la información conocida, el PP ha registrado preguntas dirigidas al gobierno municipal del PSOE, solicitando explicaciones a la alcaldesa, Patricia Cavada, sobre el alcance real de estas denuncias y las medidas que se están adoptando ante un conflicto que, según los sindicatos, ha trascendido ya el ámbito interno de la Policía Local.
Asimismo, el PP ha requerido aclaraciones a la delegada de Seguridad, María José Foncubierta, a quien las organizaciones sindicales señalan como responsable de la aplicación de la instrucción cuestionada.
Las denuncias
Las denuncias apuntan, entre otras cuestiones, a una posible conculcación de los derechos fundamentales, al considerar que el modelo aplicado podría estar produciendo perjuicios profesionales para agentes que ejercen funciones de representación o actividad sindical. Estas circunstancias, siempre según los denunciantes, resultarían incompatibles con los principios básicos de libertad sindical y con el marco de derechos laborales vigente.
Por último, SIP-AN y SPLI han puesto en cuestión la falta de criterios objetivos, motivación y negociación colectiva previa en la aprobación de la instrucción, aspectos que, de confirmarse, podrían tener implicaciones administrativas y jurídicas relevantes.
Desde el Partido Popular se considera imprescindible que Cavada y la delegada responsable de Seguridad den explicaciones y aclaren qué está ocurriendo en la Policía Local.
