El PP pide al Ayuntamiento la inspección de una finca propiedad de la delegada de Urbanismo

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El Partido Popular (PP) ha solicitado a la alcaldesa que de manera urgente, ordene una inspección urbanística en la finca propiedad de la delegada de Urbanismo, Claudia Márquez. El PP, ha manifestado su portavoz José Loaiza, actúa a raíz de las denuncias recibidas de vecinos alertando de la ejecución de obras no permitidas conforme a la norma urbanística en el citado inmueble, que se encuentra catalogado en el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRICH) y cuenta con un nivel de protección muy elevado. “Esta es una de esas noticias que nunca gusta dar, pero se hace necesario recordar que la ley es igual para todos”, aclaró el también presidente de los populares.

“Hay documentación suficiente para avalar esta denuncia que, como mínimo, obliga a aclarar la situación y a llevar a cabo una inspección urbanística del inmueble”, subrayó.

La finca en cuestión, ubicada en el centro de la localidad, cuenta con un serie de limitaciones que protegen su estructura interna y externa con el objetivo de preservar su interés arquitectónico. En concreto, se halla catalogada en el PEPRICH con nivel 3, grado 1, lo que obliga a su “conservación, restauración y rehabilitación”, prohibiendo taxativamente la “ampliación vertical y horizontal” del inmueble.

Pese a que, como expuso Loaiza, han existido motivos para generar sospechas sobre la obra en cuestión, como el tapiado de los vanos para impedir la visión del interior de la casa, o la ausencia del obligatoria cartel de licencia de obras en el exterior del inmueble, lo más grave de todo este asunto parte de las denuncias de vecinos. Estos, aportando documentación gráfica, señalan que se modificado la morfología de la vivienda. “O sea, que la delegada de Urbanismo podría haber ampliado su casa tanto vertical como horizontalmente, creando una estancia en lo que era un patio, elevando para ello un muro medianero y techándolo. Esta actuación está prohibida por el PEPRICH y de haberla ejecutado cualquier ciudadano, conllevaría una sanción económica y la obligatoriedad de restituir el espacio a su estado original. La señora Márquez no puede saltarse una norma por ser la delegada de Urbanismo”.

En el propio expediente de la obra se recoge la denuncia de un vecino alertando de esta situación que, curiosamente, el denunciante retira a los pocos días alegando “haber llegado a un acuerdo con la propietaria”.

“Patricia Cavada debe ordenar urgentemente la inspección de la obra, y si existiera conflicto de intereses a la hora de realizarla, que dé traslado del encargo a la Comisión Provincial de Patrimonio para que lo lleve a cabo. No puede permitir esta situación, ni tan siquiera que existan dudas respecto al cumplimiento de la normativa por parte de los miembros del equipo de gobierno”, ha pedido Loaiza.

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