Tras la bajada del IVA a partir del próximo día 1 de enero en determinados alimentos, el Gobierno ha señalado que para controlar que este beneficio económico llegue al consumidor se verificará mediante un sistema de seguimiento de la evolución de los precios que dicha rebaja sea real.
Así, según consta en el real decreto ley publicado en el BOE la reducción del IVA debe beneficiar íntegramente al consumidor sin que «el importe de la reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios.
Desde ASESCON consideramos que el control mediante un sistema de seguimiento de precios será insuficiente y el propio control que realice la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia también tendrá resultados estériles.
Para empezar porque dicho control de manera exhaustiva va a ser imposible de llevar a cabo, únicamente se podrá llevar a cabo en las grandes cadenas de distribución alimentaria y no podrá ser sostenido en el tiempo en tanto que los mercados fluctúan y los precios de los alimentos y las materias primas también lo hacen de manera constante. Así, por ejemplo, cómo se va a controlar que el precio de un kilogramo de manzanas no suba para amortiguar esta bajada de impuestos y también cómo se va a controlar al pequeño comerciante para que baje, por ejemplo, el precio de una barra de pan cuando a lo mejor sus costes han subido y seguirán subiendo de una manera considerable.
Es más, esto mismo se dijo en su momento con los carburantes o el precio de la electricidad o el gas y al final dicho control ha quedado en un mero anuncio de marketing político enfocado a responder a las dudas que plantean dichas medidas en la opinión pública en cuanto a su aplicación práctica en el día a día.
No obstante, desde la Asociación Española de Consumidores solicitamos que se aclaren aspectos adicionales a dichos controles. Queremos saber cómo se van a hacer, quiénes los van a hacer, qué sanciones se van a aplicar en el caso de que haya alguna vulneración de derechos de los consumidores, si dichas sanciones van a ser simbólicas como suele suceder y sería rentable el incumplimiento de las normas, si se va a contar con el concurso de otras Administraciones Públicas para realizar dicho control, etc.
Son cuestiones que a día de hoy no han sido aclaradas y estamos a escasos días de que se empiece a aplicar la rebaja.
Igualmente, para finalizar, solicitar al Gobierno que se abra un canal de posibles denuncias a través de las Asociaciones de Consumidores para que podamos colaborar en que esto al final suponga un ahorro real para los consumidores. Estaríamos encantados de colaborar y participar en este tipo de cuestiones que, hasta la fecha, a pesar de incidir claramente en las cuestiones económicas de los consumidores, nadie a tenido en cuenta a las organizaciones representativas de éstos.
