La propuesta de la Unión Europea de meter la tijera fiscal al turismo y la restauración en España ha encendido las alarmas. La Asociación Española de Consumidores (ASESCON) ha manifestado su rechazo absoluto a las intenciones de la Comisión Europea, que pretende que España elimine el IVA reducido (10%) en bares, restaurantes y hoteles para aplicarle el tipo general del 21%.
Desde la asociación califican al ejecutivo comunitario de estar «alejado de la realidad» y critican una visión matemática simplista, recordando un principio básico de la economía: subir impuestos no es sinónimo de recaudar más.
Según ha trascendido en los medios, Bruselas ve con malos ojos el «abuso» que, a su juicio, hace España de los tipos de IVA reducidos. Con el cambio al 21%, la Comisión estima que las arcas públicas ingresarían 7.000 millones de euros adicionales.
Sin embargo, la Asociación Española de Consumidores considera que este cálculo es un brindis al sol que no tiene en cuenta el impacto real en la calle. Un hachazo fiscal del 11% en el IVA resentiría gravemente a la hostelería y al turismo, los auténticos motores de la economía y el empleo en España y una subida de precios de tal calibre podría provocar el efecto contrario al deseado: menos clientes, menos facturación y, por ende, menor recaudación final.
Uno de los puntos más criticados por la organización es el argumento de la Comisión Europea, que sostiene que el incremento del IVA afectaría principalmente a las rentas altas por ser las que más consumen estos servicios.
La Asociación Española de Consumidores rebate categóricamente esta tesis: Una subida del IVA en hostelería supondría el empobrecimiento de las clases medias y bajas, o directamente la imposibilidad de muchos consumidores de acceder a estos servicios por sus dificultades económicas. Quienes tienen un alto poder adquisitivo no tendrán problema en abonar ese 11% más».
En la cultura española, el acceso a bares y restauración no es un lujo exclusivo, sino una forma de socialización integrada en el día a día de la clase trabajadora, que sería la principal damnificada.
Para concluir, la asociación ha instado a la Comisión Europea a «dejarse de ocurrencias que alertan y empobrecen a los ciudadanos» en un contexto que ya de por sí es «tremendamente complicado» para los bolsillos españoles.
Lejos de aceptar parches fiscales que asfixien el consumo, la organización solicita formalmente lo contrario: una bajada decidida de impuestos que alivie la presión financiera sobre las familias y actúe como un verdadero estímulo económico.
