El portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de San Fernando, José Loaiza, ha formalizado ante el Ayuntamiento la solicitud convocatoria extraordinaria de la Junta General de la Empresa de Suelo Isleña (ESISA).
La petición de reunión de la Junta General, integrada por los 25 concejales de la Corporación Municipal, surge a raíz del silencio que mantiene el gobierno de Patricia Cavada ante la denuncia presentada por la delegada de Urbanismo y presidenta de ESISA, Claudia Márquez, contra trabajadores de la citada empresa pública municipal.
“Ha transcurrido un año desde que Márquez puso la denuncia, y sigue sin informar ni a su consejo de administración ni a la Junta General pese a los requerimientos que se le ha realizado ¿Por qué está actuando de esa manera, con ese oscurantismo? ¿Por qué ha ocultado casi un año esa denuncia? Son algunas de las preguntas que deberá responder la delegada de Urbanismo”, señaló Loaiza.
En enero de 2021, la concejal socialista puso en conocimiento de la Fiscalía distintas irregularidades supuestamente llevadas a cabo por personal de ESISA en el marco de la encomienda que tiene dicha empresa de ayudar a los vecinos de Bazán en la tramitación de las subvenciones para el arreglo de los bloques de viviendas de esta barriada.
Al hilo de ello, se conoció el inicio de un procedimiento abierto por un juzgado en el que se ha llamado a declarar como investigados a tres trabajadores y, en los últimos días, a vecinos de la propia barriada en calidad de testigos.
“Creo que es muy importante la convocatoria extraordinaria de la Junta general de la empresa pública para que Claudia Márquez pueda informar de esta situación y despejar todas las dudas que surgen de su actuación, máxime cuando es también delegada municipal de Urbanismo del gobierno de Patricia Cavada. Da la sensación de que el gobierno de PSOE y Ciudadanos quiere pasar de puntillas ante un suceso, a priori, muy grave, y los isleños, los vecinos de la Bazán, merecen todo el respeto y la transparencia al respecto. Estamos hablando de dinero público, estamos imputando delitos a personas a una empresa municipal, y lo está haciendo, precisamente, la presidenta del consejo de administración de esa empresa”, sentenció.
José Loaiza concluyó reiterando que esta alarmante situación exige “luz y taquígrafos”, porque “da la sensación de que hay algo más, y si no lo hay, no entendemos la denuncia”.
