La Guardia Civil de Cádiz, concretamente el Equipo de Investigación del SEPRONA del Puerto de Santa María, ha investigado a dos mariscadores furtivos, incautando 45,55 kilos de ortiguillas (anémona sulcata). Los guardias civiles, tras sorprender a los responsables descargando dos capachos repletos de estas especies aun vivas, han devuelto a su hábitat natural las ortiguillas incautadas. A los investigados se le imputa un delito contra la flora y la fauna por marisqueo relevante. Esta práctica ilegal de captura indiscriminada y su posterior comercialización sin ningún tipo de control sanitario, pone en serio riesgo tanto la salud de las personas, como la continuidad de las especies que tienen su hábitat en la costa gaditana
Los hechos ocurrieron hace varios dias en los aledaños del Puerto Deportivo de Chipiona cuando los guardias civiles del SEPRONA sorprendieron a dos tripulantes de una pequeña embarcación de recreo desembarcando dos capachos repletos de estas especies. Los agentes procedieron a identificar a ambas personas que acababan de finalizar una inmersión de buceo utilizando para ellos botellas de aire comprimido.
Tras inspeccionar con detalle el contenido del interior de los capachos comprobaron que se trataba en su totalidad de ortiguillas (anémona sulcata), las cuales habían sido capturadas de forma ilegal y que arrojaron un peso total de 45,55 kilos lo que podría corresponder a más de 1.500 individuos.
Los ejemplares, que estaban cubiertos con agua, fueron devueltos inmediatamente al mar al encontrarse aún con vida y con posibilidad de superveniencia. Del mismo modo, los efectos utilizados para su captura fueron intervenidos y los responsables han sido investigados por la posible comisión de un delito contra la flora y la fauna por marisqueo relevante.
Durante el presente años se han realizado numerosas inspecciones a establecimientos de venta e instalaciones de fabricación, elaboración y transformación de los productos de la pesca relacionadas con las ortiguillas, con el objeto de comprobar documentalmente su procedencia lícita y su trazabilidad. Entre los años 2022 y 2024 se ha detectado en la provincia de Cádiz la comercialización de 1971 kilos, de las que no se pudo aportar documentación de la compra legal de más de 1.500 kilos, lo cual fue denunciado a las autoridades sancionadoras.
El objetivo de este decomiso persigue dos finalidades principales, la primera es luchar contra el furtivismo, que genera un grave perjuicio al ecosistema natural del medio marino, la segunda es de evitar que llegue al consumo humano sin pasar los controles sanitarios establecidos, con el perjuicio que puede suponer su consumo por las personas que las adquieran fuera del comercio legal, sobre todo por la posible presencia de toxinas que pueden contener estas especies.
Dicha labor policial es muy valorada por las asociaciones de mariscadores de Cádiz, ya que dicha práctica ilícita repercute de forma muy negativa en la economía de quien realiza esta actividad de forma legal, sujeto a unos cupos de capturas compatibles con la continuidad de las especies y teniendo que hacer frente a los pagos e impuestos de cualquier trabajador, por lo que actuaciones como esta ponen una vez más de manifiesto el compromiso de la Guardia Civil en la lucha contra la economía sumergida.
