La Junta de Andalucía ha paralizado la construcción de una urbanización ilegal en suelo rústico en el paraje conocido como Ribera de La Oliva en Barbate (Cádiz) gracias al precinto y órdenes de suspensión de uso de 53 parcelas. El servicio de inspección urbanística de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, auxiliados por el Seprona de la Guardia Civil, la Policía Autonómica adscrita a la Junta de Andalucía y la Policía Local, han llevado a cabo esta intervención en una zona próxima a las Marismas de Barbate donde ya había realizado otras operaciones desde 2021 por construcciones similares.
Las parcelaciones urbanísticas se han conformado en un suelo rústico común, en una zona de influencia del litoral y en contacto con la Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, al encontrarse junto con el Parque Natural La Breña y Marismas de Barbate.
Desde las últimas actuaciones de precinto realizadas en julio de 2024 se han detectado 53 nuevas parcelas ilegales en las que se sus propietarios estaban realizando actos de vallado y la construcción de viviendas ilegales, la mayoría de ellas prefabricadas. Todo ello lo estaban realizando sin ningún tipo de permiso o autorización y a sabiendas de la ilegalidad de las actuaciones, ya que los operativos efectuados en años anteriores por la inspección autonómica han tenido una importante repercusión mediática.
Los precintos de los nuevos lotes detectados han sido notificados a sus propietarios en el mes de marzo de este año, en cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana de la Consejería de Fomento. En dichos escritos se ordenaba la inmediata suspensión de toda obra o uso sobre las edificaciones por su carácter ilegal. Además, se citó a los propietarios a pie de parcela para reforzar el conocimiento de las medidas adoptadas.
La inspección autonómica persigue frenar el proceso de ocupación ilegal de un territorio sobre el que pesan decenas de órdenes de demolición. Con ello, la Consejería de Fomento está evitando el daño medioambiental que provoca la cantidad de residuos humanos vertidos de forma descontrolada por las edificaciones ilegales recientemente construidas. Además, se evita igualmente un riesgo para los propios propietarios, ya que algunos lotes, sobre todo los más próximos a las Marismas de Barbate, se sitúan en un enclave con peligro de inundaciones.
Los procedimientos sancionadores y de protección de la legalidad iniciados por la Inspección autonómica se realizan en plena coordinación con la Fiscalía provincial de Cádiz, teniendo en cuenta el carácter delictivo de edificar en zona rústica. Además, como novedad que recoge la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), estas sanciones no sólo irán dirigidas contra los parceladores, sino también a quienes adquieren lotes o porcentajes de participación en dichas parcelaciones.
Esta intervención se ha llevado a cabo al amparo del marco normativo que la Junta de Andalucía ha generado la LISTA y su reglamento, que ha supuesto un refuerzo de la inspección autonómica, que ahora sí puede ejercer competencias directas frente a infracciones de carácter territorial en suelo rústico. Este cambio le permite actuar de manera preventiva y aumentar el número de actuaciones para preservar el territorio.
De hecho, el balance de actuaciones de la Junta de Andalucía en materia de inspección urbanística y ordenación del territorio cerró con un récord de 2.149 actuaciones en 2024. Destacan los casi 500 precintos y, sobre todo, el número de parcelas y edificaciones expedientadas por construir ilegalmente, que se ha multiplicado por 14 con respecto a 2018.
