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La Unidad de Policía Nacional Adscrita desmantela un bingo clandestino en Barbate

Se han intervenido más de 10.000 papeletas y gran cantidad de dinero en una actividad ilegal sin control de acceso a jugadores

Bingo Clandestino 2

Agentes destinados en el Área de Juego y Espectáculos Públicos de la Jefatura Provincial de Cádiz de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA) intervinieron el pasado domingo 19 de abril un bingo clandestino que operaba de manera esporádica en la localidad gaditana de Barbate. Como resultado de la intervención, los agentes incautaron 10.255 cartones de juego y gran cantidad de dinero en efectivo.

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En el momento de la actuación policial había 74 personas jugando al bingo. El establecimiento contaba con todos los elementos habituales de una sala legalizada, incluyendo pantalla de juego, monitores, sistemas de megafonía, mesas de control y personal dedicado a la venta de cartones. Asimismo, disponía de premios acumulados que se obtenían al cantar bingo antes de un determinado número de bolas, reproduciendo el funcionamiento habitual de una sala autorizada.

La investigación se inició después de que los agentes tuvieran conocimiento de que en un establecimiento de la localidad se estaba desarrollando actividad de bingo de forma irregular y no continuada. Tras realizar las oportunas consultas con el Servicio de Juego de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, se comprobó que ningún establecimiento de Barbate disponía de autorización administrativa en vigor para desarrollar dicha actividad.

Además, los agentes constataron que el local investigado había contado anteriormente con autorización para operar como sala de bingo, aunque había sido extinguida, por lo que carecía de los permisos necesarios para continuar desarrollando la actividad.

Con esta información, los policías iniciaron un dispositivo de vigilancia sobre el establecimiento con el objetivo de determinar si continuaba funcionando de forma clandestina. Esta actividad ilegal suponía un importante fraude para la Administración en materia de tasas e impuestos, además del riesgo que implica permitir el acceso a personas con problemas de ludopatía, al no poder realizarse las consultas obligatorias al Registro de Prohibidos por carecer de autorización administrativa.

Fruto de las vigilancias, los agentes comprobaron que el local abría en días y horarios distintos, principalmente durante fines de semana, coincidiendo presuntamente con momentos en los que consideraban menor la posibilidad de actuación policial.

Los agentes accedieron al local de paisano cuando detectaron una elevada afluencia de público en el establecimiento. Antes de entrar en la sala de juego tuvieron que pasar un filtro previo realizado por un empleado que simulaba efectuar la consulta al Registro de Prohibidos mediante la solicitud de documentación identificativa.

Una vez dentro, los policías se identificaron como agentes, paralizando de inmediato la actividad y procediendo a la tramitación de las correspondientes propuestas de sanción. Durante la actuación, los policías acreditaron además que la Dirección General de Tributos había emitido previamente una resolución de extinción de la autorización de instalación y funcionamiento del establecimiento, que operaba bajo la denominación “Bingo Costa de la Luz”.

La investigación permitió comprobar igualmente que la persona encargada del supuesto control de acceso no disponía de autorización para consultar el Registro de Prohibidos, por lo que realmente no existía ningún control efectivo sobre los jugadores, incluidos aquellos que pudieran tener restringido el acceso por problemas relacionados con el juego.

La explotación clandestina de la actividad suponía además un importante fraude económico derivado del impago de las tasas e impuestos correspondientes, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas.

Las denuncias formuladas ya han sido remitidas al Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, organismo encargado ahora de iniciar el correspondiente expediente sancionador.