El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la Orden de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad por la que se distribuyen las cantidades a percibir por las Diputaciones Provinciales y entidades locales de más de 20.000 habitantes para la financiación de las ayudas económicas familiares correspondientes al ejercicio 2025. Dichas ayudas cuentan con una aportación estatal y una autonómica.
De este modo, la provincia de Cádiz recibirá 2,3 millones de euros, que beneficiarán a 2.455 familias y más de 4.420 menores a través de 16 entidades locales como los ayuntamientos de Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Los Barrios, Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque, Sanlúcar de Barrameda, la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de la capital.
El objetivo es permitir que los niños y niñas permanezcan en su entorno cuando se trata de familias en riesgo de exclusión y el crédito para gestionar estas ayudas será transferido a 96 entidades locales en toda Andalucía.
Este año se prevé atender aproximadamente a 17.000 familias y 32.000 menores en toda la región. De esta manera, estas ayudas actúan desde un enfoque preventivo y capacitador ante situaciones de pobreza o exclusión en favor de los niños y niñas.
Así, respecto a la cuantía total, la provincia gaditana recibirá más de 2,3 millones de euros, siendo 1,7 millones de euros de aportación estatal y 617.551 euros, de financiación autonómica.
Las ayudas económicas familiares se constituyen como prestaciones complementarias de los Servicios Sociales Comunitarios, de carácter temporal, dinerarias o en especie, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los y las menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Están dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de dificultad o riesgo social para los y las menores con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando así situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias.
Estas ayudas son gestionadas por los servicios sociales comunitarios, que constituyen el primer nivel de actuación y atención a la ciudadanía para el logro de unas mejores condiciones de vida de la población. Por su configuración y naturaleza, estos servicios cuentan con la red técnica y profesional con mayor implantación y con cobertura en todo el territorio de la comunidad autónoma.
