El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las actuaciones de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior para reforzar el control, la regulación y la ordenación de las viviendas de uso turístico (VUT) en Andalucía, una estrategia que ha contribuido a ralentizar de forma significativa el crecimiento de esta modalidad de alojamiento y a garantizar un mayor cumplimiento de la normativa turística y urbanística. Así, durante 2025, el crecimiento registrado se situó en el 3,12 por ciento, muy por debajo del 16,89 contabilizado en el periodo anterior, lo que supone una desaceleración de casi catorce puntos porcentuales.
Entre las medidas desarrolladas destaca la colaboración con los ayuntamientos andaluces para detectar incumplimientos de la normativa urbanística y turística. En la actualidad están vigentes diez convenios con municipios y capitales de provincia con elevada presencia de este tipo de alojamientos, mientras continúan los trámites para extender este modelo de cooperación a nuevas localidades.
Asimismo, varios municipios andaluces han acordado la suspensión de licencias y declaraciones responsables para nuevas viviendas de uso turístico, al amparo de las medidas previstas en la normativa autonómica de vivienda. Esta herramienta permite a los ayuntamientos ordenar el crecimiento de esta actividad mientras adaptan sus instrumentos de planificación urbanística.
Además, la Junta de Andalucía mantiene un sistema de avisos a la ciudadanía sobre la existencia de restricciones o suspensiones municipales antes de iniciar la inscripción de nuevas viviendas en el Registro de Turismo de Andalucía. De forma paralela, se han incorporado procedimientos automatizados para agilizar la cancelación de inscripciones que incumplen las limitaciones establecidas por los municipios y para impedir el acceso al registro cuando la normativa urbanística no permite esta actividad. Como resultado de estas actuaciones, desde el 1 de enero de 2024 se han cancelado más de 15.300 viviendas de uso turístico inscritas en Andalucía, lo que representa cerca del 10 por ciento del total y supone una reducción aproximada de 80.000 plazas de alojamiento.
La labor de control también se ha reforzado mediante el Proyecto Titán, desarrollado por la Junta de Andalucía en colaboración con la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma. Esta iniciativa incorpora herramientas de inspección, vigilancia digital y detección de actividades clandestinas para fortalecer la legalidad, la calidad y la seguridad del sector turístico andaluz.
La lucha contra la oferta ilegal constituye igualmente una de las prioridades del Plan de Inspección Programada en Materia Turística de 2026. A ello se suma la utilización de soluciones tecnológicas para localizar alojamientos no registrados y la colaboración con las principales plataformas digitales del sector, ante las que se ha denunciado la existencia de más de 16.000 viviendas presuntamente clandestinas.
Las actuaciones se completan con el Servicio de Atención a la Ciudadanía en materia de Viviendas de Uso Turístico, operativo desde agosto de 2025, que ha atendido hasta la fecha más de 11.700 consultas telefónicas. Este recurso facilita información directa a propietarios y ciudadanos y contribuye a mejorar el conocimiento de la normativa aplicable a esta actividad.
