El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha anunciado hoy la apertura, en las ocho subdelegaciones del Gobierno en Andalucía, de servicios de atención a víctimas y familiares de fallecidos en los accidentes ferroviarios de Adamuz del pasado 18 de enero y de Gélida, “donde encontrarán a su disposición personal que les informará y ayudará en la tramitación de indemnizaciones aprobadas por el Gobierno de España mediante Real Decreto en el Consejo de Ministros, y prestarán el acompañamiento y apoyo administrativo que les sea necesario”.
Fernández, que nuevamente ha trasladado sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas en Adamuz y en Gélida y su deseo de pronta recuperación a las personas heridas, ha subrayado que “la prioridad absoluta del Gobierno de España son las víctimas y sus familias”, de ahí que además de los servicios de atención en las ocho provincias, también se pondrá a disposición el servicio ‘La Administración Cerca de Ti’, para aquellas personas que no puedan desplazarse hasta las subdelegaciones, además de líneas telefónicas y una web que pronto estará operativa. En el caso de Huelva, por tener un mayor número de víctimas, esta misma mañana ya ha abierto la Subdelegación una oficina de atención integral.
“Este Gobierno dará su máximo apoyo a las víctimas y a sus familias porque es nuestra prioridad total y absoluta” y con tal fin, ha explicado, el Consejo de Ministros de ayer aprobó un Real Decreto-ley, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), “que regula precisamente las ayudas extraordinarias que el Gobierno de España ha acordado para apoyar y ayudar a las víctimas de los accidentes ferroviarios”.
“Somos conscientes del momento que están viviendo y que nada va a suplir el dolor inmenso que sienten y que sentimos todos como país, y es precisamente por las consecuencias tan trágicas que ha supuesto, por lo que el Gobierno cree absolutamente necesario dar la respuesta que necesitan en este momento”, ha añadido.
El BOE ha publicado hoy el Plan de ayudas aprobado por el Gobierno de España asciende a 20 millones de euros, de los cuales 10 millones se destinan a ayudas directas y otros 10 millones de euros se habilitan como anticipo de las indemnizaciones de los seguros, en el marco del seguro de responsabilidad civil.
Este Real Decreto tiene el objetivo de facilitar ayudas inmediatas y adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes, con el fin de atender con rapidez las necesidades de las personas afectadas.
Estas ayudas serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil, y estarán exentas de tributación. Además, se abonarán en un único pago en concepto de ayudas inmediatas a las víctimas y adelanto de las indemnizaciones de los seguros de accidente
Se trata de medidas de carácter económico para acelerar la percepción de ayudas por parte de los afectados, adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil y evitar así las esperas propias de los procedimientos ordinarios de los seguros.
Estas ayudas se sumarán a los mecanismos ya existentes en el actual ordenamiento jurídico y serán complementarias a los planes, seguros y coberturas previstas en la ley para las víctimas de accidentes ferroviarios y, por tanto, compatibles con las indemnizaciones obligatorias por responsabilidad civil. Además, se recibirán íntegramente ya que estarán exentas de tributación.
De la cantidad total de 20 millones de euros, 10 millones serán para las ayudas urgentes y otros 10 correspondientes a los anticipos. La cuantía a percibir se ha definido de la siguiente manera:
· En los casos de fallecimiento, una ayuda directa de algo más de 72.000 euros por cada persona fallecida y la misma cifra en concepto de anticipo del seguro.
· En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde algo más de 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.000 euros en las lesiones de máxima gravedad. Las cifras son las mismas para el anticipo del seguro.
Complementariamente, se iniciarán las modificaciones normativas para la futura implementación de este tipo de medidas en el ordenamiento jurídico español, con el fin de articular un mecanismo estructural de intervención pública para que el Estado asuma con carácter anticipado el abono de un porcentaje de las indemnizaciones correspondientes a los daños personales derivados de los accidentes de transporte colectivo, sin perjuicio de la posterior determinación de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas responsables de dicho accidente.
