El Partido Popular (PP) ha solicitado la suspensión del proceso de aprobación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al considerar que el modelo planteado por el gobierno socialista de Patricia Cavada perjudica de manera innecesaria a la ciudadanía y al comercio local, pese a que la normativa no obliga a imponer restricciones tan drásticas ni a diseñarlas sin participación real.
La formación incide en que la legislación estatal exige implantar una ZBE en ciudades de más de 50.000 habitantes, pero no exige imponer un proyecto improvisado, sin analizar alternativas menos gravosas y sin escuchar a los sectores afectados, tal como ha ocurrido en San Fernando. “El gobierno ha decidido aplicar esta ZBE porque quiere hacerlo así, no porque la norma marque este diseño concreto”, denuncia el PP.
La secretaria general y concejala del PP, Carmen Roa, ha subrayado que “la ciudad no puede permitirse una ordenanza hecha con prisas, sin diagnóstico, sin protección para los vecinos y sin un plan claro que garantice sostenibilidad sin destruir actividad económica”. Roa recalca que el proceso carece de la participación obligada por la propia regulación, que exige implicar a la ciudadanía y a los sectores afectados desde la fase inicial.
El PP ha registrado una batería de alegaciones en las que reclama la suspensión del procedimiento hasta que se cumplan requisitos básicos, como la aprobación definitiva de la Ordenanza de Movilidad -paralizada desde hace años- y la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, actualmente desfasado. “El propio estudio que usa la ZBE reconoce que existen riesgos si no se acompaña de un diagnóstico realista del tráfico, alternativas de transporte y recursos humanos suficientes”, señala Roa.
Riesgos jurídicos y ausencia de garantías
Las alegaciones advierten también de una posible nulidad jurídica de la ordenanza, a la vista de recientes sentencias del Tribunal Supremo que han tumbado ZBE en otras ciudades por deficiencias similares: falta de informes de impacto económico, ausencia de conexión con un plan de movilidad vigente y carencia de participación efectiva.
Propuestas para evitar perjuicios al comercio y los vecinos
En materia social y económica, el PP propone líneas de ayuda para la compra de vehículos de bajas emisiones, apoyo para adaptar vehículos de personas con discapacidad e incentivos directos al comercio y la hostelería del centro: subvenciones, bonos de consumo y convenios con aparcamientos privados para ofrecer tarifas reducidas.
“El estudio reconoce que el impacto dependerá del acompañamiento institucional. Ese acompañamiento no existe en el texto actual: no hay ayudas, no hay bonificaciones, no hay medidas estructurales”, añade Roa.
Falta de personal y ausencia de diálogo
El PP critica igualmente que no exista un plan de recursos humanos para gestionar la futura ordenanza, especialmente en materia sancionadora, y reclama reforzar la plantilla municipal antes de su aplicación. Asimismo, plantea la creación de una mesa de diálogo permanente entre Ayuntamiento, comerciantes, hostelería, transporte urbano y distribución de mercancías. “Pretender implantar una ZBE sin escuchar a quienes van a sufrirla directamente es un error grave”, sostiene la edil.
Aparcamiento e infraestructuras pendientes
Las propuestas del PP incorporan también medidas para ordenar el estacionamiento: nuevo pliego de zona azul, creación de bolsas disuasorias bien señalizadas y económicas, y la incorporación de aparcamientos actualmente omitidos en el proyecto.
“Cavada se ha limitado a cumplir un trámite, pero la ciudad necesita soluciones completas. La movilidad y la sostenibilidad no pueden construirse desde la improvisación”, concluye Roa.
