Los sindicatos con representación en la Diputación Provincial de Cádiz, CSIF, CCOO y UGT, han mostrado esta mañana su oposición al plan de crear un organismo autónomo para gestionar los servicios sociales dependientes de esta Administración, que afectaría a unas 500 personas trabajadoras que dan asistencia a miles de personas usuarias de la provincia (residencias de mayores, centros de Tratamiento Ambulatorio, Ley de Dependencia, equipos de Tratamiento de familia, servicios comunitarios, etc.).
La protesta ha contado con gran respaldo por parte de la plantilla de estos servicios, reclamando “que la gestión pública directa es la que garantiza la calidad asistencial, evitando el lucro en la prestación de estos servicios, contando con los recursos necesarios y garantizando el acceso a toda la población.”
Para los sindicatos, si se lleva a cabo el proyecto presentado por el gobierno de la Corporación Provincial, se mermarán las condiciones laborales del personal que trabaja en los servicios sociales y al que, en el futuro, entre en ese organismo.
El actual equipo de Gobierno, con un superávit en 2023 de casi 44,5 millones de euros, y que actualmente gestiona dos residencias (en Cádiz y El Puerto; mientras que la de La Línea lleva cerrada 7 años), ha decidido, de forma unilateral, y sin aportar datos de ninguna índole, la creación de un organismo autónomo que gestionará todos los servicios sociales de la Diputación. Y lo único que señalan es que el objetivo de su proyecto es minimizar costes, principalmente en residencias.
Los tres sindicatos volverán a concentrarse los días 13 y 20 de noviembre para exigir al Gobierno de la Diputación que dé marcha atrás con este proyecto y empiece a gestionar estos servicios en el sentido correcto. “Todos sabemos dónde recortar si lo que quieren es reducir costes, pero no podemos consentir que lo hagan a costa de los colectivos más vulnerables”, han apuntado durante la protesta de esta mañana.
