La delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha iniciado el expediente de legalización de La Casería, según ha informado el delegado Daniel Sánchez, a través de sus redes sociales. Es más puntualiza que solo les han hecho falta tres días para dar cumplimiento con el compromiso que asumieron el pasado lunes con los caseteros y afectados.
En su escrito en redes ha recordado que la Demarcación de Costas fue la que promovió diversos expedientes de recuperación posesoria con objetode demoler las ocupaciones existentes en el entorno de la Casería de Ossi, con el apoyo inicial del Ayuntamiento de San Fernando, todo ello sin informar de manera oficialesobre la situación en la que se encuentran dichos expedientes.
Sánchez ha dejado claro que «esta iniciativa que en ningún momento ha contado con la participación de la administración autonómica, ya que la Junta de Andalucia lo único que ha hecho es renovar legalmente al único titular habilitado (cantina Bartolo), y por la que Costas ha llevado a esta Administración a un Contencioso, ha dado un paso importante dejando la pelota ahora, en el tejado de Costas».
La delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha enviado este jueves tanto a la Demarcación de Costas como al Ayuntamiento de San Fernando un escrito para recabar los informes en aplicación del apartado 1 de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 22/1988 que requiere que las razones de interés público “deberán ser apreciadas por la Administración estatal, autonómica y local”, desarrollado por la Disposición Transitoria Décimotercera del Reglamento de Costas, Real Decreto 876/2014.
Informa que para la legalización, que podrá ser total o parcial, las razones de interés público deberán ser apreciadas por acuerdo entre las tres Administraciones (estatal, autonómica y local). Como establece la ley, «el plazo para emitir los informes es de un mes, a partir de su notificación, y se entenderá desfavorable la legalización ssi no se emite en este plazo», asevera Sánchez.
El delegado territorialconsidera que la demolición de las obras e instalaciones, que podrían derivarse de los citados expedientes de recuperación posesoria, deberían «quedar en suspenso» hasta no se determine si concurren, en caso de coincidencia con los de su petición global, los requisitos para proceder a la legalización de las ocupaciones del asunto por razones de interés público, lo cual le ha sido requerido a la Demarcación de Costas de Cádiz como parte del mencionado escrito.
