Una cincuentena de organizaciones sociales, sindicatos y colectivos se han adherido a la petición a nivel estata
Podemos San Fernando presentará al próximo pleno una moción que pedirá la inclusión de medidas en la ley por el Derecho a la Vivienda que anunció el PSOE con unas iniciativas ciudadanas “promovidas por una cincuentena de asociaciones y colectivos” a nivel estatal y apoyada en Cádiz por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Ana Rojas, portavoz de la formación, ha declarado que esta petición tiene como objetivo, sobre todo, “que el Estado garantice el acceso a la vivienda digna” mediante medidas legislativas que favorezcan la ampliación del parque público de vivienda y los alquileres sociales, medidas contra los abusos financieros e inmobiliarios o la regulación del precio de los alquileres.
La portavoz ha señalado que la moción se ha ampliado a San Fernando “porque desde nuestra formación siempre nos hemos preocupado mucho por el problema estructural que sufre nuestra ciudad en relación a la vivienda”, por eso han incluido el acuerdos el desarrollo del Protocolo Municipal de Prevención de Desahucios aprobado en 2020, “porque seguimos teniendo desalojos y desahucios en nuestra ciudad y necesitamos medidas que pueda mediar en cada uno de los casos que se puedan dar y buscar todas las alternativas y opciones posibles”, siendo un problema social “que no cesa y que es urgente”.
La iniciativa, que insta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana -“que es la que tiene las competencias de vivienda”-, también pide que cesen los desahucios de personas que no tienen alternativa habitacional y se garanticen los suministros básicos de energía –luz y gas-, agua y el acceso a las telecomunicaciones para evitar una brecha digital acrecentada por las restricciones durante la pandemia.
Rojas afirma que estas medidas solamente podrán llevarse a cabo si, además de la voluntad política, “se amplía el presupuesto” que apoyen cada una de las medidas, por eso esta iniciativa ciudadana también prevé la petición de que el 2% del presupuesto estatal vaya dirigido a garantizar este derecho. En España, actualmente, las viviendas sociales representan el 2,5% del parque total, lejos de las cifras que se ven en otros países europeos, donde la cifra alcanza el 30% como en Holanda, el 24% de Austria, el 17,6% de Reino Unido o el 16,8% de Francia, unas cifras que dan cuenta de la nula iniciativa de la administración por la defensa de este derecho fundamental.
