El Partido Popular (PP) de San Fernando ha emitido un comunicado en el que muestra su completo apoyo al presidente de la formación, José Loaiza, así como la adhesión a la solicitud cursada por este a la alcaldesa Patricia Cavada, solicitando la inspección urbanística de un inmueble propiedad de la delegada de Urbanismo, Claudia Márquez, al existir serios indicios de que se ha contravenido la normativa recogida en el Plan Especial de Protección y Reforma del Casco Histórico (PEPRICH).
El PP informan que la citada finca cuenta con una protección de nivel 1, grado 3, lo que imposibilita a su propietario la ejecución de obras como las que presuntamente ha ejecutado en la misma la concejala socialista.
Desde el PP se recuerda a Claudia Márquez que su condición de teniente de alcaldesa delegada del Área de Urbanismo le obliga a mostrar incluso mas transparencia en sus acciones que cualquier otro ciudadano. “La señora Márquez es un cargo público y para demostrar que las presuntas irregularidades urbanísticas denunciadas no son ciertas lo que tendría que hacer es demostrarlo de manera fehaciente, documentalmente, con imágenes. Todo lo demás solo servirá para enredar una situación de sospecha que nadie desea. Los isleños quieren políticos honestos al frente de las instituciones y para demostrar que se actúa conforme a unas normas que son las mismas para todos solo hay un camino, el de la transparencia”.
De la misma forma, el PP afirma que la concejala socialista “esta en su pleno derecho de solicitar el auxilio de la Justicia si estima que se está faltando a la verdad, pero el camino más rápido para aclarar todas las dudas generadas sería el de mostrar evidencias. Una simple comparecencia pública evitaría mucho tiempo de espera para poner orden en esta anómala situación”.
Recuerda el PP que “solo hemos denunciado supuestas irregularidades, tal y como la delegada de Urbanismo hizo ante la Fiscalía contra tres trabajadores de ESISA al estimar que se estaba vulnerando la legalidad”.
Los populares se dirigen directamente a la alcaldesa Patricia Cavada a quien recuerdan su compromiso de transparencia. “Como en todos los ámbitos de la gestión municipal, Patricia Cavada debe facilitar el acceso a cualquier información de relevancia y adoptar cuantas medidas sean necesarias para aclarar una situación como la que involucra a su delegada de Urbanismo. Reiteramos por ello la petición realizada ayer por nuestro presidente de que se ordene una inspección urbanística de la finca objeto de controversia, y se den a conocer, a la mayor brevedad, los resultados de la misma”.
