Romero pide a Cavada responsabilidades políticas sobre la delegada de Urbanismo

AxSí insiste en que la publicación en el BOP de esta abstención confirma el incumplimiento por parte de la delegada de Urbanismo del artículo 23 de la Ley 40/2015 del Régimen del Sector Público y supone otro motivo más que suficiente para solicitar a Cavada el cese de Márquez

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El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha valorado la publicación ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del decreto de Alcaldía del pasado 10 de febrero por el cual se da cuenta de la abstención de la concejala de Urbanismo de Cavada, Claudia Márquez, sobre los expedientes urbanísticos relativos a la casa que adquirió, respecto de la que posteriormente dictó una orden de ejecución y cuyas obras de reforma han supuesto una clara vulneración del PEPRICH. Una abstención que ahora deja en manos de su compañero de partido y de equipo de gobierno Conrado Rodríguez, delegado de Presidencia y Desarrollo Económico, la tramitación de los expedientes referidos. 

“Esta abstención llega cinco años tarde. ¿En qué cabeza cabe que la propia delegada de Urbanismo y arquitecta de profesión firme una orden de ejecución relativa a la casa ella misma compra en 2017 y no se abstuviese de ello conforme marca la Ley?, ¿desde hace cinco años no se da cuenta de que debe inhibirse? ¿Cómo se aprovecha sin titubear de una orden de ejecución para el adecentamiento de una fachada, que contemplaba el pintado de la misma y poco más, para terminar desarrollando actuaciones de demolición y consolidación propias de la rehabilitación de una finca e intentando colar actuaciones que excedían de la orden de ejecución y que el propio técnico bajo sus órdenes le tiene que advertir? Todo este expediente, que desde AxSí desglosamos detalladamente hace unas semanas, debe derivar en responsabilidades políticas. Insistimos, la orden de ejecución dictada en su día por la señora Márquez conlleva consecuencias urbanísticas y económicas y el hecho de no haberse abstenido desde el momento en que tuvo interés personal y directo hace cinco años respecto de la finca comprada supone motivo suficiente para exigir responsabilidades políticas al equipo de gobierno de Cavada”, indica el líder de AxSí.

“Márquez se abstiene ahora, cinco años más tarde, obligada por las denuncias de parte de la oposición, porque hay alguna oposición que guarda un curioso silencio en este tema ya flagrante, y obligada por tanto por las circunstancias, porque si no fuera así no se habría abstenido. Seguiría controlando desde la más absoluta falta de transparencia y legalidad lo que ocurre en la finca de su propiedad. Y además es que llueve sobre mojado. Es que es esto ya lo hemos vivido. El hecho de no abstenerse sobre un expediente del que tiene intereses personales y por consiguiente incompatible con el ejercicio de su cargo y contravenir el artículo 23 de la Ley 40/2015 del Régimen del Sector Público no es nuevo”, continúa Romero.

 El líder de AxSí recuerda que hace unas semanas ocurrió lo mismo, cuando se publicó en el BOP su abstención en el expediente de rehabilitación de los bloques de la Barriada Bazán. “Y lo ha hecho casi un año después de haber formulado denuncia como presidenta del Consejo de Administración ante la Fiscalía contra ESISA y sus trabajadores con el asesoramiento y ayuda de Cavada. Otra abstención tardía que delata su lamentable proceder político. Todo lo cual nos lleva a preguntarnos si existen más expedientes en Urbanismo en los que puedan existir conflictos de interés personal o familiar por parte de la concejala responsable del área”, señala el portavoz. 

“Porque de lo que también tenemos certeza es que Márquez promovió la contratación municipal mediante contratos menores para sendos proyectos de los dos arquitectos que le han firmado la reforma de su casa. ¿Por qué no se abstuvo en la tramitación de estas contrataciones? En definitiva, desde AxSí volvemos ya a exigir a Cavada el cese de su concejala de Urbanismo. No se puede medir a los miembros del equipo de gobierno con un rasero ético diferente al del resto de isleños e isleñas a los que la propia alcaldesa y su delegada de urbanismo exigen el riguroso y estricto cumplimiento de la normativa urbanística y fiscal. Al gobierno local se le pide un comportamiento ejemplar y a la vista está que éste no es el caso y con esta abstención se confirma. Y si nada hace la alcaldesa se estará convirtiendo en cómplice de todo este caso del que por cierto tiene conocimiento al menos desde el 11 de junio de 2020 cuando decreta la autorización de las obras y la liquidación de las tasas”, insiste Romero.

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