El Ministerio de Sanidad ha anunciado este 28 de septiembre que iniciará los trámites normativos necesarios para incorporar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por método farmacológico a la cartera común de servicios de Atención Primaria. El anuncio ha sido realizado por la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la apertura del acto “Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso”, celebrado junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, con motivo del Día Internacional del Aborto.
La medida busca que aquellas mujeres que opten por la vía farmacológica puedan llevar a cabo el proceso de forma integral desde sus centros de salud, garantizando asistencia informada, personal capacitado y seguimiento profesional en todas las etapas del procedimiento. García destacó que el objetivo es facilitar el proceso en la vida cotidiana de las usuarias, reduciendo desplazamientos innecesarios y garantizando un acompañamiento cercano.
Para hacer efectiva esta medida, el Ministerio de Sanidad ejecutará un conjunto de modificaciones legales y sanitarias. Se modificará el real decreto que regula la autorización de centros sanitarios para adecuar los requisitos normativos a los centros de salud.
Se iniciarán las gestiones para actualizar la ficha técnica de la mifepristona —uno de los fármacos empleados en el procedimiento— y permitir su prescripción y uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario.
Y se incluirá formalmente este tipo de atención en la cartera común del Sistema Nacional de Salud en el nivel primario.
El Ministerio de Sanidad coordinará el despliegue de esta medida junto a las comunidades autónomas y los profesionales del sector. La ministra recordó que en 2024 casi el 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo en España se realizaron en centros privados, si bien existen autonomías que ya han asumido mayoritariamente esta prestación dentro de la red pública.
Asimismo, García subrayó que la prestación debe estar plenamente garantizada en todo el territorio nacional por los gobiernos autonómicos, al tiempo que defendió el respeto institucional ante las decisiones individuales de las mujeres en el marco de sus derechos de salud sexual y reproductiva.
