El Ministerio de Sanidad prepara un real decreto para regular el Sistema de Vigilancia de Salud Mental, que permitirá disponer de información homogénea y sistemática sobre la salud mental de la población y contará, como primer instrumento específico, con un Registro Estatal del Suicidio.
La propuesta establece la organización y el funcionamiento del nuevo sistema y desarrolla el Registro Estatal del Suicidio, que permitirá mejorar el conocimiento sobre la incidencia del suicidio y sus factores asociados, detectar agrupaciones de casos, identificar métodos emergentes y observar posibles cambios de tendencia. Esta información servirá para orientar las políticas de prevención, mejorar la respuesta asistencial y reforzar el apoyo a las personas en situación de riesgo.
El Sistema de Vigilancia de Salud Mental se integrará en la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública y contará con una unidad central, coordinada con las unidades autonómicas, y con un Comité Técnico de Vigilancia de Salud Mental encargado de establecer procedimientos comunes para garantizar un funcionamiento homogéneo en todo el territorio.
El registro integrará información procedente de distintas fuentes sanitarias, estadísticas y médico-forenses para mejorar el conocimiento sobre el suicidio y sus factores determinantes. Esto permitirá disponer de indicadores más homogéneos y comparables, reforzar la investigación y orientar con mayor precisión las políticas de prevención y las actuaciones dirigidas a las personas y familias afectadas.
Este avance se produce en un contexto de evolución favorable de los principales indicadores de mortalidad por suicidio. Los datos provisionales correspondientes a 2025 registran 3.808 fallecimientos, frente a los 3.953 de 2024, los 4.116 de 2023 y los 4.227 de 2022. De confirmarse los datos provisionales, supondría el tercer año consecutivo de descenso y una reducción acumulada de 419 fallecimientos desde 2022, un 9,9% menos.
En 2024 fallecieron por suicidio 2.902 hombres y 1.051 mujeres, y la tasa de mortalidad se situó en 8,09 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Los datos provisionales de 2025 sitúan esa tasa en 7,71 por cada 100.000 habitantes.
La mejora de la información y la vigilancia forma parte del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, que constituye el marco específico para desarrollar las políticas de prevención y avanzar hacia una respuesta que trascienda el ámbito estrictamente sanitario.
Uno de sus instrumentos es el Observatorio para la Prevención del Suicidio, ya constituido y en funcionamiento, que actúa como espacio permanente de coordinación para incorporar la prevención al conjunto de las políticas públicas. En él participan 16 ministerios y organismos como el INE, el ISCIII, INCIBE, el INSST, los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el CCAES, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y representantes del ámbito de los transportes.
El Observatorio va a impulsar grupos de trabajo sobre vigilancia e información, prevención comunitaria, comunicación responsable, investigación, determinantes sociales y coordinación institucional, con participación también de comunidades autónomas, entidades locales, universidades, sociedades científicas, asociaciones y tercer sector. El objetivo es abordar de forma coordinada los factores sociales, educativos, laborales, económicos, comunitarios y sanitarios que intervienen en el riesgo de suicidio.
El Plan cuenta con una financiación de 17,83 millones de euros anuales en 2025 y 2026 para desarrollar actuaciones impulsadas por las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
En la convocatoria de 2025 se financiaron 122 proyectos, orientados hacia modelos de prevención más comunitarios, preventivos y centrados en la persona. Para la convocatoria de 2026 se han presentado 110 proyectos. Entre las actuaciones se encuentran proyectos de hospitalización domiciliaria en salud mental, programas de posvención para supervivientes, familiares y allegados, formación de profesionales y agentes comunitarios, intervenciones en centros educativos y penitenciarios y actuaciones dirigidas a colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.
También se incluyen iniciativas para reforzar la continuidad asistencial y la coordinación entre recursos, favorecer la intervención precoz y acompañar a las personas en su entorno habitual.
La Línea 024 se ha consolidado como un recurso público de apoyo para las personas con ideación suicida, sus familiares y allegados. Desde su puesta en marcha, el 10 de mayo de 2022, y hasta el 30 de junio de 2026, ha atendido 602.739 llamadas. A ellas se suman 87.496 conversaciones a través del servicio de chat desde su incorporación en junio de 2023. Solo durante 2025 se atendieron 162.184 llamadas y 42.265 chats.
El 024 es un servicio público, gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, atendido por profesionales especializados. Ofrece escucha activa, apoyo, orientación e información sobre los recursos disponibles y, cuando la situación lo requiere, facilita la activación de los servicios de emergencia.
Con este conjunto de actuaciones, el Ministerio de Sanidad busca reforzar la prevención del suicidio desde una respuesta integral que combine mejor información, coordinación entre administraciones, intervención comunitaria y atención directa a las personas. El objetivo es detectar antes las situaciones de riesgo, mejorar la capacidad de respuesta y seguir avanzando en políticas de prevención basadas en la evidencia y centradas en las personas.
