El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) ha presentado una denuncia formal ante la Oficina Andaluza Antifraude contra la concejala de Seguridad Ciudadana de San Fernando, María José Foncubierta, y el Jefe de la Policía Local. El motivo de la denuncia es la presunta aplicación irregular de tasas fiscales a los propietarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos, cuando estos son retirados e inmovilizados.
Según expone el sindicato en un comunicado, «el Ayuntamiento de San Fernando estaría exigiendo el pago de estas tasas sin contar con una ordenanza municipal específica que regule este tipo de vehículos. Para poder efectuar los cobros, la administración local estaría recurriendo a una asimilación administrativa, es decir, aplicando a los VMP las mismas normas fiscales que a los vehículos a motor ordinarios», una práctica que SIP-AN asegura que carece de cobertura normativa.
Desde SIP-AN advierten que este procedimiento administrativo podría estar vulnerando el principio de legalidad tributaria. Asimismo, recuerdan que la Ley General Tributaria prohíbe expresamente el uso de la analogía en materia fiscal, por lo que no se puede extender un hecho imponible (en este caso, la tasa de retirada de un vehículo) a un supuesto no contemplado de manera expresa en la ley o en las ordenanzas locales.
El sindicato ha calificado la situación de «especialmente grave», ya que el Consistorio ha continuado tramitando y cobrando estas liquidaciones a pesar de las advertencias previas que ya se habían realizado al respecto. Esta persistencia es la que ha motivado finalmente el traslado de los hechos a la Oficina Andaluza Antifraude para que inicie una investigación exhaustiva.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, SIP-AN ha exigido formalmente el cese inmediato del cobro de estas tasas a los usuarios de VMP, la revisión de oficio de todos los expedientes de liquidación que ya hayan sido cobrados para comprobar los afectados y la depuración de responsabilidades políticas y administrativas correspondientes en caso de que la Oficina Antifraude confirme las irregularidades denunciadas.
Por el momento, el Ayuntamiento de San Fernando no ha emitido ninguna valoración pública respecto a la denuncia interpuesta por el sindicato policial.
