El Grupo Municipal VOX elevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de San Fernando una moción con la que busca fiscalizar al Gobierno municipal liderado por Patricia Cavada, exigiendo que se garantice la ejecución real del servicio de prevención de riesgos laborales para el personal del Ayuntamiento.
Transcurridos seis meses desde la formalización del contrato, la formación denuncia que existe el riesgo de que el acuerdo se reduzca a una formalidad administrativa. A través de su iniciativa, instan al equipo de gobierno a verificar la aplicación de medidas esenciales como evaluaciones de riesgos, planes de emergencia en centros municipales, formación preventiva de los empleados públicos y reconocimientos médicos.
El portavoz municipal de VOX, Carlos Zambrano, ha señalado al respecto que «no basta con firmar un contrato y dar el problema por resuelto. El Ayuntamiento tiene la obligación de comprobar que el servicio se presta, que las medidas se aplican y que los trabajadores municipales desarrollan su labor en condiciones seguras».
El pliego del servicio debe abarcar áreas relativas a la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, riesgos psicosociales y vigilancia de la salud. A esto se suma la elaboración de protocolos específicos, el adiestramiento de los equipos de primeros auxilios, evacuación y lucha contra incendios, además del diseño de medidas adaptadas a cada puesto de trabajo.
La moción pone de relieve la exigencia de que la empresa adjudicataria disponga de personal técnico con presencia física en las dependencias municipales. Desde VOX sostienen que la administración local debe vigilar que este personal cumple con las dedicaciones y tareas estipuladas. «La prevención no puede quedar reducida a un trámite administrativo», ha advertido Zambrano.
Para velar por el cumplimiento de las cláusulas contractuales, la propuesta registrada plantea la elaboración de un informe detallado que evalúe el grado de ejecución actual del contrato, el requerimiento a la adjudicataria para realizar las tareas pendientes y la implantación de un mecanismo de seguimiento periódico bajo la supervisión del concejal responsable.
VOX concluye solicitando que se ejerza un control estricto sobre el destino de las partidas presupuestarias aplicadas. «Cuando se contrata un servicio con dinero público, el Gobierno municipal no puede limitarse a pagar la factura. Debe controlar su ejecución y exigir resultados», ha concluido el portavoz de la formación.
