En la mañana de hoy se ha conocido que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha solicitado al Ministerio de Hacienda información sobre las adjudicaciones de algunos proyectos financiados con fondos europeos, entre ellos, el proyecto de la red de aparcamientos tácticos fomentados por el gobierno de Patricia Cavada.
Europa quiere saber si el gobierno socialista miente; “si el Ayuntamiento de San Fernando dispone de plan de movilidad sostenible” y, de ser así, “si este se encuentra vigente” así como la fecha de aprobación del mismo para comprobar la viabilidad del proyecto y si cumple con los requisitos que se plantean para la obtención de dichos fondos europeos.
La OLAF, que ha pedido la información sobre el contrato de otros 5 proyectos más en España, tiene la sospecha de irregularidades en la obtención y adjudicación de dichos fondos europeos, en los que se incluyen los Next Generation, fondos que financian el proyecto de “red de aparcamientos tácticos” fomentado por Patricia Cavada.
OLAF, que tiene la duda de los indicadores de cumplimiento y grado de consecución del proyecto; también quiere saber que en caso de tener San Fernando aprobado un Plan de Movilidad Sostenible “si este se encuentra dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible de San Fernando, denominada La Ciudad del Parque Natural” financiada con fondos FEDER. También quieren conocer “si ha habido denuncias o irregularidades en relación al proyecto” y si el Ayuntamiento de San Fernando ha efectuado los controles necesarios de utilización de dichos fondos.
En definitiva Europa quiere saber cómo se gasta su dinero, y si su gasto está suficientemente justificado, poniendo de manifiesto la posibilidad de que en un futuro se pudiera acreditar de la existencia de desvío de fondos públicos para asuntos para los que no estaban destinados.
La culpa ¿de quién?
Según voces internas, hay quien acusa directamente a Fernando López Gil, número 2 en la candidatura socialista; y responsable en el Ayuntamiento de San Fernando de la Agenda 2030 y la Agenda Urbana, de dejación de su deber como trabajador para asuntos relacionados con estos temas, aún cobrando más de 60.000€ al año. No obstante, estas voces socialistas afirman que “está volcado en la campaña electoral que parece poder catapultarlo a Concejal-Delegado de Desarrollo Sostenible”.
