La comunidad educativa del Barrio de Casines ha alzado la voz este lunes en una concentración marcada por la indignación y el hartazgo. Familias, vecinos y formaciones como Andlaucía por Sí, PSOE y Confluencia de Izquierdas, se han unido para denunciar lo que califican como una situación de «abandono sangrante» por parte de la Junta de Andalucía respecto al CEIP Tierra y Libertad, un centro que, según denuncian, se encuentra «a medio construir» desde hace años.
El portavoz de las familias recordó durante la protesta que la necesidad de este colegio de primaria no es un «capricho», sino una realidad reconocida oficialmente por la Junta de Andalucía en su Plan de Infraestructuras Educativas de 2017. En dicho documento, se contemplaba una inversión total de 3 millones de euros: un millón para la primera fase de infantil y dos millones de euros para la segunda fase de primaria que hoy se reclama. A pesar de que el centro actual se terminó de construir en 2020, las familias denuncian que se hizo pensando en una segunda fase que debía completarlo.
Al comparar los planos originales con la realidad actual, los padres y madres han enumerado las carencias críticas que sufre el centro como la ausencia de un gimnasio, la falta de falta de un salón de actos, la inexistencia de una biblioteca, una pista deportiva y sobre el comedor, el mismo es insuficiente sin la ampliación ni la cocina propia proyectadas.
Desde que se proyectó el colegio, el barrio de Casines ha crecido hasta aportar casi el 25% del padrón de niños nacidos en Puerto Real, convirtiendo la finalización de la fase 2 en una emergencia social más que en un problema político.
La frustración de la comunidad educativa aumenta al comprobar que todos los pasos técnicos están dados: se hizo el proyecto, se estudió el terreno cedido por el Ayuntamiento y se aprobó el estudio de eficiencia energética. Incluso la licencia de obra fue solicitada y aprobada en 2023 con un presupuesto de 2.045.000 euros. A pesar de contar con el terreno, el proyecto y la licencia, la obra sigue sin licitarse para que una empresa empiece a construir. Por ello, los andalucistas han anunciado que llevarán esta situación ante el Defensor del Menor para exigir una solución definitiva.
